William Osorio Rivas, detenido el año pasado por estar involucrado en el asesinato de un miembro de una pandilla rival, fue deportado antes de pasar por un proceso en el que enfrentaría cadena perpetua.

Corresponsal LPG desde Washington, D.C.

El 13 de junio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un alegato ante una corte federal contra el salvadoreño William Osorio Rivas, de 20 años. El cargo: pertenencia a una organización de crimen organizado, en este caso a una pandilla salvadoreña.

Pero al día siguiente, los fiscales federales se enteraron que este había sido deportado a El Salvador apenas unos días antes, el 23 de mayo. El salvadoreño guardaba prisión en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ejecutó sin demora su orden de deportación definitiva.

Osorio regresó a El Salvador sin enfrentar los cargos para los que el Departamento de Justicia pide típicamente cadena perpetua: pertenencia a una organización de crimen organizado, asesinato, posesión y uso de armas de fuego.

Según la Fiscalía estadounidense, él participó en el asesinato de Edwin Ventura, un pandillero rival, en abril de 2007, en un barrio del noreste de Washington, D.C. En el hecho también resultó herido otro supuesto pandillero, Nelson Maldonado.

Las autoridades aseguran que entonces Osorio conducía el vehículo en el que viajaban otros tres supuestos pandilleros, William Córdova, de 23 años; José Gutiérrez, de 19; y Melvin Sorto, de 21, quienes fueron los que dispararon contra los rivales. A los tres se les acusa de pertenecer a una banda de crimen organizado. Diecisiete pandilleros, la mayoría de ellos de origen salvadoreño, fueron condenados entre 2007 y 2008 a penas desde 18 años a cadena perpetua por cargos de crimen organizado bajo la ley RICO, que añade agravantes a los crímenes cometidos por individuos que son parte de una organización delictiva.

Pero Osorio también enfrentaba otros cargos penales relacionados con su estatus de indocumentado en Estados Unidos. El ICE encontró en su poder tarjetas falsificadas del seguro social y permisos de residencia temporal también fraudulentos.

Así, Osorio fue llevado a la cárcel, y, a pesar de que la Fiscalía notificó al juez migratorio de que podría estar involucrado en un caso de crimen organizado, el magistrado le emitió una orden de deportación definitiva, puesto que en la primera audiencia ante la corte penal el juez no encontró evidencias suficientes que sustentaran los cargos.

En junio, cuando la Fiscalía logró finalmente más evidencias para acusarlo, él estaba ya en El Salvador.

Ahora la Fiscalía estudia pedir su extradición; sin embargo, los fiscales declararon al periódico The Washington Post que consideran que eso será difícil.

Los otros tres implicados permanecen en Estados Unidos, pero los fiscales admitieron que será más difícil construir un caso de crimen organizado si no se cuenta con la presencia de los cuatro acusados.

El abogado y ex fiscal Preston Burton expresó que los defensores de los otros tres acusados pueden tener un punto a su favor al hacer notar que la Fiscalía no pudo retener al cuarto acusado y refutar todas las evidencias que incriminen a los cuatro como grupo si Osorio no está presente.

“Ellos podrían usar el recurso proverbial de la silla vacía, culpando al ausente, pero eso nunca ha sido un argumento fuerte en una corte”, dijo Burton al Post.

El caso que la Fiscalía intenta armar sostiene que los cuatro pandilleros pertenecen a una organización que perseguía y asesinaba a otros rivales que intentaran interferir con el dominio de su pandilla en la zona norte de Washington, fronteriza con el estado de Maryland.

El Salvador, como la mayoría de países latinoamericanos, no suele extraditar a sus nacionales si estos pueden enfrentar penas que excedan las sentencias máximas de sus propios códigos penales. Los fiscales no han adelantado si buscarían la pena de muerte para los cuatro acusados, pero según la ley penal estadounidense, podrían hacerlo.