La detención de siete menores acusados de dos agresiones sexuales en San Sebastián y Villabona ha encendido todas las alarmas. La Diputación de Guipúzcoa, responsable de la tutela de estos adolescentes, ha solicitado una mayor colaboración por parte de las instituciones, especialmente de los jueces, para atajar «un problema de difícil solución» generado por una «minoría» muy conflictiva. El último episodio denunciado ocurrió el miércoles hacia las siete de la tarde, después de que uno de los internos en el centro de acogida de urgencia de Tolosa amenazase a uno de los monitores que allí trabajan. Según la Ertzaintza, el chaval fue detenido y puesto a disposición judicial.
El arresto se suma a los otros siete practicados en Guipúzcoa en apenas una semana. El pasado 27 de julio, cuatro menores inmigrantes, también residentes en las instalaciones de Tolosa, abordaron de madrugada a una pareja que mantenía relaciones sexuales en un descampado de Villabona. Uno de ellos abusó presuntamente de la joven, mientras los otros agredían al chico con una botella rota en el pene. Dos de los acusados han sido internados en el reformatorio Ibaiondo de Zumarraga y los otros dos permanecen en libertad vigilada. Los tres arrestados el pasado domingo por robar y agredir sexualmente de una mujer en la Parte Vieja donostiarra están a la espera de comparecer ante el juez.
La Diputación no oculta su «enorme preocupación». Los responsables forales recuerdan que, como institución competente, tienen que cumplir a rajatabla las normas sobre acogimiento de menores no protegidos; de lo contrario se exponen a «graves consecuencias», incluso a penas de cárcel por abandono de un menor.
El director de Infancia y Juventud, José Ignacio Insausti, insistió en que «la realidad está superando el marco normativo» sobre la acogida de menores y excede las posibilidades que la ley otorga a la Diputación para actuar «firmemente» con los chavales más conflictivos. De alguna forma, los responsables forales se sienten constreñidos por las exigencias legales, especialmente en relación a los comportamientos delictivo. La Diputación recuerda que no puede, por ejemplo, ordenar el internamiento de los menores en centros de reforma. Sí está facultada, en cambio, para solicitar su expulsión del país.
Labor educativa
Así lo hizo el pasado abril con los siete acusados ahora de las dos agresiones en Villabona y San Sebastián. A la vista del historial delictivo que acumulaban los chavales, sobre todo robos algunos con violencia, la institución foral se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa para que fueran reagrupados con sus familias en sus países de origen, aunque el proceso no llegó a cerrarse debido a la dificultad que entraña localizar a sus allegados.
Por eso, Insausti pide que se abra una reflexión sobre el actual sistema de acogida de menores y sobre la necesidad de articular un cambio legal que dote a las diputaciones de «más herramientas correctoras». Una idea en la que también se mostró de acuerdo el diputado por el PSE en el Congreso, Ernesto Gasco, que defendió que los extranjeros que cometan abusos sexuales puedan ser expulsados directamente de España.
La juntera socialista Susana García Chueca criticó a la Diputación por «escudarse» en la acción de la Justicia y le pidió «que adopte un papel educativo activo para paliar este tipo de conductas». En la misma línea, la portavoz popular, Regina Otaola, aseguró que los responsables forales «deben desempeñar una mayor implicación en la labor educativa de los menores inmigrantes».