Todos los Gobiernos se han rasgado las vestiduras tras conocer el golpe de Estado en Mauritania, fulminando su efímera democracia. Una democracia, eso sí, que elevó a un presidente gracias a los apoyos de los mismos militares que dos años atrás pusieron fin a otro régimen también mediante un golpe de Estado.

Este inusitado interés occidental no se debe tanto a la preocupación por las buenas gentes que pueblan dicha tierra, sino lo que representa; es decir, la nueva frontera sur, la gran barrera para los inmigrantes subsaharianos. Los mauritanos han pasado de ser un pueblo solidario con sus convecinos a una policía en medio del desierto, apoyada con lanchas y helicópteros de la Benemérita.

Como ocurre con otros países subsaharianos, la apariencia de estabilidad en los flujos migratorios es meramente ilusoria y los programas humanitarios son a todas luces insuficientes, más que nada al ser la codicia y no el bienestar del pueblo lo que motiva a sus dirigentes.

Abdallahi quiso dejar de ser una marioneta del Ejército que lo llevó al cargo y acabó en una celda. Mientras, España, porque sufre directamente la presión de los temibles cayucos, es la primera preocupada por lo que va a pasar al día siguiente. La idea de pagar a unos inmigrantes para que impidan el paso de otros ya era el plan B de la política migratoria de nuestro Gobierno.

La inestabilidad política y sus conexiones con la inmigración ilegal no son exclusiva de Mauritania. Un poco más abajo, la espada de Damocles pende sobre el Gobierno de Guinea Conakry, tierra de barcos negreros.