“Voy al Registro Civil”. Hasta ahora, esta afirmación invitaba a fruncir el ceño y suspirar con afligida resignación. El trámite de realizar una gestión en el colosal archivo de la plaza del Duc de Medinaceli de Barcelona requería paciencia, una fina orientación y una gran visión estratégica. Carteles amarillentos que sin duda vivieron la transición, indicaciones que invitaban a una sarcástica yincana, niños que lloran y colas. Sobre todo colas.
Tras detectar la caótica situación que vivía este organismo, que depende del Ministerio de Justicia y se gestiona con recursos de la la Generalitat, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, se comprometió a “poner al día” la institución. Dicho y hecho. Ayer, con la sonrisa del que tiene los deberes hechos antes de las vacaciones, mostró el plan renove que la Generalitat – – con un presupuesto de 450.000 euros – – ha aplicado al Registro Civil en los últimos seis meses. Desde la semana pasada, es el único de España que abre sus puertas dos días por la tarde – – lunes y miércoles – – , lo que, según Tura, supone “toda una revolución”.

REDUCIR LOS PLAZOS
Para poder cubrir los nuevos horarios, Justícia ha incorporado 12 nuevos trabajadores públicos de refuerzo, 10 de los cuales se encargarán de la sección de nacionalizaciones, la más colapsada desde que, en el 2005, se produjo la regularización masiva de inmigrantes que ha motivado que las citas para jurar la bandera se den a dos años vista. “Podríamos hablar de reducir los plazos a seis meses – – apuntó Tura – – , pero no debemos pecar de eu –
fóricos y queremos ver cómo evoluciona la curva de demanda”. De momento, desde enero ya se ha pasado de 24 a 20 meses y el objetivo, en un mínimo de dos años, es que se pueda recibir el DNI español en un periodo de ocho meses. Otro de los pasos importantes que está dando Justícia es la digitalización de archivos. Tura pronosticó que en el plazo de cinco años todos los documentos desde el año 50 se podrán consultar con un simple clic.
El edificio parece otro. Más allá de la desaparición de los carteles pegados con el celo del régimen, el mobiliario nuevo, los techos y las paredes brillantes y la señalización dan un aire de sosiego que se nota en el ambiente. Tura puntualizó que muchos de los arreglos los han realizado presos de cárceles catalanas en el marco de los programas de inserción laboral. Han hecho un buen trabajo. Maribel y Yolanda, dos simpáticas funcionarias que se ocupan de la nueva garita de información, aseguran que los empleados del archivo “han agradecido mucho” los cambios. La renovación, confirman, ha reforzado el “buen rollo entre todos”. Solo un posible reproche. La señalización, se –
gún señala un trabajador del Registro Civil, anónimo y cauto, “debería estar en catalán, castellano e inglés, y no solo en catalán”.

ENFADO Y PROTOCOLO A
finales del 2007, y ante la caótica situación del organismo, la Generalitat se planteó incluso retirar el letrero que hace referencia a la participación catalana en el archivo. Enfriados los ánimos, se optó por firmar el protocolo con Madrid que daba carta blanca para que el Govern lavara el cuerpo y el alma del Registro Civil. “Era una situación ingobernable y había que tomar medidas”, resume la consellera, que aún espera que el ministerio tenga a bien cambiar la puerta de acceso por la plaza de la Mercè.