Sobre el papel, China se define como una nación multiétnica compuesta de 56 nacionalidades. En la práctica, una de ellas, la han, domina en todos los ámbitos sobre las otras 55 minorías, que en conjunto apenas representan un 9% de los 1.300 millones de chinos. La rápida transformación económica y social de China no ha hecho sino exponer las graves deficiencias de la política de Pekín hacia estas minorías, relegadas a la periferia del desarrollo y sometidas a un estricto control.

La represión se intensifica allá donde la identidad étnica, cultural o religiosa toma forma de demandas de una mayor autonomía o incluso separatistas, como en el caso de Xinjiang o el Tíbet. Ocurre también con los mongoles de la Región Autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país, y de forma más sutil, con las etnias coreanas en el territorio chino del nordeste. Todos ellos son, de acuerdo a la Constitución, chinos con iguales derechos y obligaciones, aunque la realidad los coloca en el vagón de segunda clase.

La organización Human Rights in China publicaba el año pasado un informe en el que destacaba que las regiones autónomas del país son una fachada que, en la práctica, impide a los grupos que les dan el nombre «dirigir sus propias vidas». «Estos individuos continúan siendo excluidos de una participación real en la política y encuentran poca voz en el Gobierno de sus comunidades», siendo el caso de las mujeres mucho peor.

De acuerdo con el informe, «las minorías soportan unos costes desproporcionados para su desarrollo» y se enfrentan a «ataques contra sus identidades culturales». Destaca además, como problemas, la marginalización de sus lenguas en la enseñanza y el ámbito laboral, la explotación de recursos en sus tierras y la intensa militarización contra lo que Pekín considera insurgentes. Como en Xinjiang, el resto de las regiones han sufrido la llegada de grandes grupos de trabajadores han. Los líderes comunistas, sin embargo, defienden con no poca razón que han contribuido a levantar la economía de estas regiones y mejorado la calidad de vida de sus habitantes, a quienes se les excluye, por ejemplo, de la política del hijo único.