El Ejército patrulla desde ayer las calles de las principales ciudades italianas / Los vecinos de las zonas conflictivas aplauden la medida, mientras que la Policía y la oposición la tachan de «inhumana» e «ineficaz» Quemado por el sol matutino y visiblemente asustado, un inmigrante senegalés, llamémosle Ndiaye, agacha la mirada hacia el asfalto. Los soldados le piden que se quite el cinturón y las pocas monedas que guarda celosamente en los bolsillos. El cumple y luego se agacha a la sombra del Land Rover militar. A las 9.30 de la mañana, el sueño de Ndiaye está a punto de truncarse en la estación de autobuses de Anagnina, a 30 minutos del centro de Roma.

El escuadrón del coronel Claudio Caruso lo ha sorprendido con tres grandes bolsas de plástico que contenían mercancías ilegales sin recibo. La escena acaba en minutos. Un agente le explica lo que va a pasar y le invita a subirse a un vehículo que lo llevará a la comisaría del barrio. En silencio, Ndiaye, de rostro envejecido y dientes prominentes, obedece.

Una detención normal, exceptuando un detalle que quizá el inmigrante desconoce: ha caído en una redada especial de uno de los escuadrones que conforman los 3.000 soldados del Ejército desplegados como medida de urgencia. Desde ayer y durante los próximos seis meses, las calles de nueve ciudades italianas, entre ellas, Roma, Milán, Nápoles y Verona, serán patrulladas por el Ejército del Gobierno de Berlusconi.

«Ellos saben que estamos haciendo nuestro trabajo», dice a EL MUNDO el coronel Caruso, de 42 años, que participó en una misión en Somalia en 1992. «Hemos sido entrenados y lo haremos lo mejor posible. Sobre la operación, yo sólo obedezco las órdenes que he recibido», le interrumpe un joven teniente que hace seis meses volvió de Kosovo.

Su coronel asiente. «El uso del Ejército en tareas de orden público ya se hizo necesario en los años 90 en Sicilia», explica Caruso que también participó en esa misión. Eso sí, entonces los militares combatían a la Cosa Nostra tras los atentados mortales contra los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

Francesco, un taxista de 45 años, ni siquiera se lo piensa. La medida le parece bien. «Estamos cansados. Los extracomunitarios se emborrachan y siempre hay problemas de seguridad. Tememos que algún día nos pase algo», confiesa mientras un amigo que vive a 500 metros de la estación corrobora su afirmación.

Pocos metros más allá, en uno de los dos bares de la estación de autobuses, los propietarios también coinciden. «Aquí he visto violencia sexual, robos, peleas… Cuando esta mañana llegaron los militares, ¡fui a saludarlos! Antes, nadie nos protegía», dicen sin querer identificarse y mientras un cliente lanza sus dudas. «¿Qué harán con los rumanos que son comunitarios?», pregunta cuando de golpe se oye un estruendo.

«Ya han cazado a otros», asegura un transeúnte, mientras tres siluetas desaparecen en las oficinas que utilizan policía y militares de forma conjunta para los controles. «No puede hablar con ninguno de ellos», responde un agente a la puerta del centro donde les habían retenido.

A su lado, un militar lo observa y asiente dándole la razón. Luce un uniforme de combate y una semiautomática italiana, una Beretta 92. Son las dotaciones que el Parlamento italiano aprobó hace dos semanas, tras salir adelante el proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana presentado por los ministros de Defensa y Interior, Ignacio La Russa y Roberto Maroni.

No son armas que pasen inadvertidas a la población. «Estamos autorizados a solicitar identificación y cachear a cualquier sujeto considerado peligroso o que esté cometiendo algún delito» informa Caruso, explicando que en el Ejército hay 90.000 miembros, de los cuales unos 24.000 están en misiones en el exterior como en el Líbano, Kosovo o Afganistán.

A diferencia de estas misiones, las patrullas de los militares por calles italianas han sido tildadas por miembros de la oposición de «inhumana», «poco razonable» y sobre todo «ineficaz» para combatir la inmigración clandestina y la delincuencia. Y, en esta batalla, la izquierda ha encontrado un aliado atípico en la Policía. «Los 62 millones de euros gastados en este operativo podrían haberse empleado de otra forma. Por ejemplo, abriendo una nueva comisaría», se lamentaba ayer el portavoz del Sindicato de Policías Locales.