| MADRID

Funcionarios ratificaron el apoyo del Gobierno para emprender las acciones legales.

El dolor y la indignación se viven puertas adentro. Los teléfonos suenan pero nadie contesta. El timbre no funciona para evitar el acoso de la prensa.

A la familia de María José A. C., la menor que fue agredida hasta quedar inconsciente por otra adolescente, en un descampado de la localidad madrileña de Colmenarejo, le costará recobrar la tranquilidad que le fue arrebatada el pasado 23 de julio.

El sábado, a primera hora de la tarde, la joven acompañada de su madre y dos hermanas recibió la visita de la canciller del Ecuador, María Isabel Salvador, y del ministro de Política, Ricardo Patiño, quienes hicieron para el efecto una escala de su vuelo en Madrid antes de retornar a Quito al regreso de un viaje oficial hacia Irán.

El encuentro “entrañable”, en palabras del embajador ecuatoriano en España, Nicolás Issa, se extendió durante tres horas y sirvió para ratificar el apoyo del Gobierno para “emprender las acciones legales pertinentes”, sostuvo Issa.

Salvador y Patiño acompañaron a María José a un centro médico donde le efectuaron nuevos análisis de las lesiones sufridas por la paliza que recibió a manos de Belén, una compañera de instituto, identificada por la Guardia Civil y cuya declaración debe producirse en los próximos días.

Tomás Alonso, miembro de la Asociación de Vecinos de Colmenarejo, vio el video del incidente, grabado por las agresoras, tres días después de ocurrido el incidente. A él, aún le cuesta comprender cuáles fueron las razones que llevaron a una muchacha a actuar con tal violencia y ensañamiento, y a sus amigas a regodearse con el dolor de la víctima. 
“Este es un pueblo tranquilo, de esos en los que aún se pueden encontrar casas con las puertas abiertas”, explica.

Alonso conocía a Clara Elizabeth, la madre de María José, quien “tenía una tienda de chuches (golosinas) en el centro del pueblo”, comenta. 
La inmigrante, madre de cuatro hijos, uno de ellos militar, que se gana la vida cuidando ancianos en una residencia en San Lorenzo del Escorial, “está decidida a buscar un castigo para la autora y sus cómplices”, advierte Issa.

La difusión de la paliza a través del teléfono celular e internet, empujó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a abrir de oficio una investigación que pudiera acarrear una sanción económica para las responsables.

Esta multa oscila entre 600 y los 600.000 euros (entre 900 y 930 mil dólares), dependiendo de la gravedad de la infracción y la voluntad del daño. 

El viernes pasado, Artemi Rallo, director de la AEPD,  informó que el procedimiento permitirá “evaluar y valorar si ha habido una intromisión en la privacidad a base de utilizar, de forma ilegítima, la imagen de una persona, en este caso una menor”.

Secuencias como las que circularon de celular a celular entre la mayoría de los habitantes de Colmenarejo “merecen una persecución legal desde diversos frentes”, afirmó Rallo.

Las pesquisas
Según la Guardia Civil, detrás de la paliza estaría un asunto “trivial”, como una discusión previa.

Racismo cuestionado
Entre las tres chicas que presencian la agresión, identificadas por la voz, al parecer estaba una adolescente ecuatoriana.

Acciones 
La Embajada será la única entidad que llevará el caso. No intervendrá la delegación de la Defensoría del Pueblo.

Juicio en Barcelona
En diciembre se celebrará el juicio oral contra Sergi Xavier Martín, por la agresión a otra joven ecuatoriana en los ferrocarriles de Barcelona.