Al oeste de El Paso, cerca de donde el conquistador español Juan de Onate cruzó el Río Grande desde México en 1598, equipos de construcción han terminado de levantar una reja de acero que, según las autoridades estadounidenses, es un nuevo modelo de seguridad fronteriza.

La reja de cinco metros de alto tiene una malla tejida tan ajustada que es imposible agarrarse a ella con los dedos o los pies, sin embargo permite ver a través. Torres de acero muy juntas impiden que una camioneta pueda derribar la reja, y un muro de concreto reforzado subterráneo de dos metros anula la posibilidad de cavar un túnel.

La estructura está diseñada para evitar el paso de inmigrantes ilegales y traficantes de droga, y obligarlos a quedarse en el desierto donde es más fácil atraparlos, asegura el agente de la policía fronteriza Martin Hernandez.

La reja, “¿evitará por completo que pasen? Claro que no”, dice Hernandez. “Eventualmente habrá huecos en la reja hechos por personas que intentan cruzarla. Pero nos da tiempo valioso”.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos intenta cumplir con el plazo que tiene hasta el 31 de diciembre para terminar 1.078 kilómetros de rejas de acero y barreras contra vehículos a lo largo de los 3.200 kilómetros de su frontera sur. Cerca de la mitad ya han sido completadas.

Pero el secretario de Seguridad interior, Michael Chertoff, enfrenta una serie de demandas de ambientalistas y comunidades fronterizas que podrían detener la construcción.

Para cumplir con el plazo, Chertoff está empleando una autoridad que le concedió el Congreso en 2005 para pasar por alto 36 leyes federales de protección del agua, calidad del aire, animales en peligro y poblados nativos.

“La Gran Muralla China no impidió el paso a los mongoles y el Muro de Berlín no impidió que la gente huyera hacia la libertad. ¿Por qué creen que esto será diferente?”, se preguntó el fiscal del condado de El Paso, Jose Rodriguez, parte acusadora en una de las demandas.

La reja “es una iniciativa política para satisfacer a los conservadores en el Congreso que han cedido a temores de que todos los inmigrantes son terroristas, criminales o que viven del seguro social”, criticó.

La mayoría del medio millón de personas que se estima cruzan la frontera ilegalmente cada año son pacíficos, gran parte mexicanos que buscan trabajo. Cerca del 12% de los detenidos en el sector de El Paso en 2007, según Hernandez, tienen antecedentes criminales o ya fueron deportados de Estados Unidos en otra ocasión.

Muchos pobladores de El Paso, incluyendo a Fernando Garcia, jefe de la Red Fronteriza de Derechos Humanos, aseguran que los terroristas responsables de los ataques del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y Washington no cruzaron la frontera con México.

Sin embargo, los ataques terroristas “intensificaron y mezclaron posiciones racistas antiinmigrantes con un enfoque hacia la inmigración únicamente de cumplimiento de la ley”, aseguró.

El resultado fue un incremento en la seguridad fronteriza, incluyendo una inmensa inversión que duplicó la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza desde el 2001 y que pretende llegar a 18.000 en el 2008.

La demanda de El Paso alega que la autoridad de Chertoff para ignorar leyes federales es inconstitucional. Docenas de agrupaciones se han unido a la demanda, incluyendo a la tribu india Tigua, que durante siglos realizó ceremonias religiosas en la ribera del Río Grande, que marca la frontera entre Texas (sur) y México.

En El Paso, Chertoff ha ignorado reglamentos sobre manejo de tierras, calidad del aire y del agua del río. “No sabemos hasta qué punto podemos hacer respetar nuestras propias leyes”, aseguró Rodriguez.

En otra demanda interpuesta por alcaldes de la frontera de Texas se asegura que Chertoff negoció los precios de la tierra de mala fe, sin consultar a los pobladores de la zona, y que los dueños de las tierras tienen conexiones con el presidente de Estados Unidos – y ex gobernador de Texas – , George W. Bush, y que reciben un trato preferencial.

México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, detrás de Canadá, y las cámaras de comercio de la frontera involucradas en las demandas temen que la baja en la inmigración pueda afectar sus negocios.

Chertoff niega los cargos y argumenta que simplemente intenta terminar lo que el Congreso le ordenó que hiciera. “Las consecuencias de una frontera abierta son el tráfico de drogas y de personas hacia este país”, dijo a mediados de mayo.