En julio de 2007, hace ya más de un año, el Ejecutivo central anunció la instalación de radares con el objetivo de detectar la llegada de pateras con inmigrantes a las costas mediterráneas. La decisión trataba de poner freno a la creciente llegada de este tipo de embarcaciones, que se han demostrado como inseguras y que han generado multitud de tragedias humanas. Al mismo tiempo, enviaba un mensaje a las mafias que sacan provecho de la situación de infinita pobreza de los países de origen. De modo que la intención era positiva. Pero que los primeros radares se instalen ahora dice bien poco del empeño del Gobierno por frenar estas situaciones.