Duras críticas del Consejo de Europa a las medidas de seguridad del Gobierno italiano

Serán 3.000 los soldados que el Gobierno de Berlusconi utilizará para patrullar las calles de las grandes ciudades italianas con el objetivo de luchar contra la delincuencia y vigilar los centros de acogida de inmigrantes irregulares.

Los ministerios del Interior y de Defensa están ultimando los detalles que permitirán poner en marcha el plan a partir del lunes.

Los controles callejeros tendrán lugar en Roma, Milán, Nápoles y Turín, donde mil miembros del Ejército acompañarán en sus rondas a la policía y a los carabinieri ; otros mil controlarán objetivos sensibles, como son las sedes institucionales o las embajadas, mientras que los mil restantes trabajarán en los centros de acogida de inmigrantes para impedir fugas.

Sobre la polémica a propósito de la posible militarización de las ciudades, las normas que se darán a las patrullas serán muy estrictas. Solo les estará permitido realizar arrestos de personas en el momento en que estén delinquiendo, deberán patrullar a pie y siempre acompañadas de agentes de la policía. Para los sindicatos, la norma es «una humillación». Acusan al Gobierno de Berlusconi de no tener un verdadero plan de seguridad ciudadana y califican la idea de utilizar al Ejército como «una operación solo de fachada», que emplea fondos que serían necesarios para las fuerzas del orden.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, tuvo que responder ayer en el Parlamento, no solo a las críticas de la oposición del Partido Democrático, sino también a las que llegaron de Europa, donde el comisario para los Derechos Humanos, Tommas Hammanberg, denunció violencia policial en los campamentos gitanos. Maroni rechazó «con indignación» las acusaciones y replicó: «Es falso. La policía no ha realizado jamás acciones de este tipo».

Silbidos de la oposición

La sesión parlamentaria en la que el Gobierno, además, debía explicar los motivos por los que había decretado el estado de emergencia para afrontar el flujo de inmigrantes fue muy dura para el ministro. En varios momentos se vio interrumpido por los silbidos de la oposición. Desde un escaño se escucharon, incluso, gritos de «fascista».

Para Maroni, la decisión tomada se justifica por el aumento sustancial de personas desembarcadas en las costas italianas en los últimos meses. Marco Minniti, del PD, replicó afirmando que «el Gobierno está aislando a Italia de Europa», y añadió que no conoce «el equilibrio entre integración y seguridad».

Antes de la sesión en el Parlamento, el Ministerio del Interior dio a conocer que ya había respondido al informe del Consejo de Europa, en el que este órgano expuso su preocupación por la vulneración de los derechos humanos en Italia.

Las normas que recibieron las críticas más agrias son, sobre todo, las introducidas en el «decreto ley sobre seguridad», recientemente aprobado por el Ejecutivo de Berlusconi.

El Consejo de Europa, asimismo, acusa a Italia en su informe de ser «demasiado blanda» con las reacciones racistas que últimamente han tenido lugar en diversas ciudades del país.