A partir del lunes, y durante seis meses, 3.000 militares de las Fuerzas Armadas italianas patrullarán en nueve ciudades del país, entre ellas Nápoles, Turín, Milán y Roma. Vigilarán objetivos sensibles, como embajadas o monumentos, y centros de identificación de inmigrantes ilegales. Así lo anunciaron ayer los ministros del Interior, Roberto Maroni, y el de Defensa, Ignacio La Russa, en aplicación de la Ley de Seguridad que fue ratificada la semana pasada por el Parlamento italiano.

«Realizarán las patrullas a pie, portarán un arma corta y recibirán órdenes de los prefectos locales», aseguró Maroni. «Menos en flagrante delito, no podrán efectuar detenciones», agregó el político perteneciente a la Liga Norte. «Nuestro objetivo es eliminar el miedo», dijo La Russa.

El anuncio del Gobierno italiano fue recibido con críticas de la oposición de centro izquierda, y del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg. «Una política de inmigración no puede inspirarse sólo en cuestiones de seguridad», aseveró.