En la madrugada del 16 de julio, día de la toma de posesión del cargo del nuevo prefecto de Pirineos Atlánticos, la familia Kuka fue despertada por los golpes en la puerta propinados por unas voces que ordenaban un temible «abran policía» y, minutos más tarde, un vístanse y sígannos. Poco después, en una de sus primeras gestiones, el flamante prefecto solicitó de la embajada albanesa un salvoconducto para la expulsión. Siguiendo el procedimiento, los cuatro sin papeles fueron trasladados de la comisaría al Centro de Retención de Hendaia. En el juicio rápido que se siguió en el Tribunal de Baiona, la juez no quiso atender a los argumentos de la defensa ni a los testimonios de aquellos que dieron fe de la integración todos los miembros de la familia albanesa en su barrio de acogida. El nuevo prefecto había decidido la expulsión y así debía hacerse, sin importar el riesgo que una vuelta a Albania pudiera ocasionarles.

Desconocía esta historia cuando, hace unos diez días, circulaba ante el Centro de Retención de Hendaia. No me fijé en el edificio. La cárcel destinada a los inmigrantes en proceso de expulsión forma ya parte del paisaje ignorado de Euskal Herria. Un paisaje en el que aquel día sólo distorsionaba la hilera inmóvil de coches desesperados por llegar a la playa Hondarraitz. Mi hija de dos años y medio, abducida por Pirritx eta Porrotx, me señaló la tricolor que ondeaba en la vecina comisaría: «Begira aita, bandera pirata». Lo confirmo, la patria de los Derechos Humanos se ha reducido a eso, un pirata de los Derechos Humanos. La familia ha recobrado temporalmente su libertad por un error de procedimiento en el juicio, pero sigue sin ser libre.