El intensivo ajuste de la economía española desde inicios de año ha tenido su reflejo inmediato en la drástica reducción del PIB, la caída del consumo y, naturalmente, el aumento del paro. La semana pasada conocimos con precisión la negativa evolución del mercado de trabajo, reflejada en la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año. Y en ese entorno, la incógnita que quedaba por despejar era hasta qué punto la reducción de oferta de empleo iba a afectar al colectivo de inmigrantes, verdaderos protagonistas del auge de la población activa de los últimos años. Según datos de la delegación del Gobierno en Catalunya, estamos ante un cambio de tendencia en el flujo de inmigrantes. El principal indicador es que entre enero y junio del 2008 se han tramitado 50.000 expedientes de extranjería menos que en el mismo periodo del 2007, una caída del 21%. También descienden las contrataciones en origen y las renovaciones de permisos de residencia y trabajo. Por contra, en ese mismo periodo ha aumentado el número de personas que se acogen a la reagrupación familiar y los solicitantes de regularización por enraizamiento social (llegados irregularmente hace tres años).
Es la primera vez en 10 años que se reduce la inmigración. Coincide casi fielmente con la crisis económica y sus efectos en todos los ámbitos. Ello confirma que el verdadero efecto llamada no ha sido, como se ha reiterado interesadamente desde posiciones rayanas en la xenofobia, la laxitud en el control de fronteras, sino una economía en crecimiento sostenido desde 1994 hasta el 2007. Pero la situación sigue siendo compleja. La EPA del segundo trimestre refleja que la población activa aún aumenta (en Catalunya, 17.000 personas más), pero el mercado no la absorbe y sube el paro. Así se explican las ofertas que se hace a los inmigrantes que han cotizado los últimos años para que capitalicen la indemnización por desempleo y regresen a su país. La propuesta requiere una cuidadosa tarea informativa si no se quieren generar falsas expectativas. Ni entre las autoridades de Trabajo ni entre los propios inmigrantes sobre la cantidad que pueden cobrar. Igual que hubo un efecto llamada por la oferta de trabajo, también habrá un efecto permanencia por la existencia de un Estado del bienestar impensable en los países de origen de la inmigración. Razón de más para extremar la cautela política.