Un grupo de 30 familiares de migrantes capturados y condenados a cinco meses de cárcel en Iowa, EE. UU., denunciaron ante Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, los vejámenes que sus parientes sufren en prisión y le piden que interceda por ellos.

Los parientes también expusieron a Morales que los agobian las deudas hipotecarias contraídas para pagar al coyote que llevó a sus seres queridos a EE. UU.

El 12 de mayo último, la angustia se apoderó de buena parte de familias de Chimaltenango y Sacatepéquez, cuando recibieron la noticia de la redada en una planta procesadora de carne en Iowa, donde sus familiares y vecinos fueron detenidos y condenados a cinco meses de prisión por no tener documentos y por mostrar tarjetas de residencia alteradas.

Los familiares de los migrantes detenidos acudieron desde sus comunidades a la sede central de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la capital, para denunciar ante Morales los vejámenes que sufren sus parientes en prisión.

Además, expresaron que las deudas hipotecarias contraídas les “están apretando el cincho”, e incluso “podrían perder sus propiedades”, porque empeñaron casas, terrenos o artículos para conseguir el dinero para pagar a coyotes mexicanos que los guiaron hacia EE. UU.

Julián Siquinajay, concejal segundo de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, afirmó que lo sucedido en Iowa afectó el funcionamiento normal de la comunidad.

Añadió: “Casi todos los detenidos han hipotecado sus propiedades para poder irse, o se endeudaron con vecinos para emprender el viaje. Ahora, las deudas los ahorcarán”.

Los familiares llegaron en autobuses, en su mayoría desde comunidades de San Andrés Itzapa, de las aldeas San José Calderas, Chimachoy, Chicazanga y el caserío San Rafael, de donde partieron unos 200 migrantes.

El resto de indocumentados detenidos en Iowa son de Sacatepéquez.

Leticia de Canú, madre de dos capturados en la redada del 12 de mayo último, afirmó que su situación es desesperante.

Manifestó: “Mi hijo Eliázar empeñó lo poco que tiene, en Q70 mil, para irse, y lo debe todo; mi otro hijo, Sergio, ya pagó algo, pero todavía debe Q45 mil de la hipoteca de su casa”.

Maribel López de Moya, residente de San José Caldera, San Andrés Itzapa, denunció que su nuera está atada de los pies en un centro de detención en Iowa, y que su hijo, preso en ese mismo estado, le contó que la comida que les dan parece para perros.

López dijo que la deuda de su hijo y de su nuera para migrar fue contraída con familiares y vecinos, debido a que ellos no tienen casa qué hipotecar, y no sabe cómo pagarán.

“Ahora que no pueden mandar dinero desde hace dos meses, no tengo para comprar la leche de sus dos hijas, que quedaron a mi cuidado, por lo que les doy agua de masa y atol”, narró.

Luego de escuchar a los familiares, Morales afirmó que gestionará en el Congreso de la República algún tipo de moratoria de pagos para quienes hayan contraído deudas.

También opinó que el Gobierno debería crear un fondo para migrantes, tanto para subsistencia de los deportados en Guatemala como para apoyarlos con las deudas.

Calificó la posición de la Cancillería de “pasiva”, y criticó que no hayan presentado quejas por las denuncias de los vejámenes contra los migrantes y por el carácter discriminatorio de las autoridades estadounidenses.