Valencia pide más medios para los que reciben ilegales desde Canarias, Ceuta y Melilla

ABC, EP, 21-07-2008

VALENCIA. El consejero de Inmigración de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, consideró ayer que «lo que debería hacer» el Gobierno central es ofrecer la financiación «necesaria» para que «las comunidades que recibimos los inmigrantes desde Canarias, Ceuta o Melilla podamos prestarles una asistencia sanitaria, psicológica, social y educativa adecuada, sin que ello suponga tensiones en el sistema asistencial de la Comunidad».
Blasco aseguró que durante este mes de julio el número de traslados de inmigrantes por parte del Gobierno central ha llegado a duplicarse respecto al mismo mes de 2007 y también en relación a mayo y junio de este año.
«En lo que llevamos de año, la Generalidad Valenciana ha atendido a un total de 360 inmigrantes de Canarias, Ceuta y Melilla», puntualizó el consejero, quien auguró que, si se cumplen las tendencias de los últimos años, «se prevé un incremento en la llegada de inmigrantes irregulares en los próximos meses de verano».
Asimismo, recordó que durante 2007, el Ejecutivo regional «atendió a lo largo de julio, agosto y septiembre a cerca de 200 inmigrantes que fueron derivados por el Gobierno central» y añadió que en julio de este año «ya son 60 los inmigrantes llegados a la Comunidad, muy por encima de los 19 y 27 de mayo y junio, respectivamente», manifestó.
Política seria
Blasco exigió al Ejecutivo central una política de inmigración «seria, responsable y sostenible». En este sentido, lamentó que «el Gobierno socialista está limitando a la Comunidad los recursos pero, sin embargo, no pone freno a la llegada de inmigrantes que necesitan de una asistencia digna que deja en manos de las comunidades autónomas».
Del mismo modo, dijo que la Comunidad «está invirtiendo en políticas de atención a los inmigrantes y de integración». Así, concretó que en materia de sanidad destina, 817 millones al año; en educación, 472; en políticas de inmigración, un total de 94 millones al año y en vivienda, 13 millones.
Por otra parte, resaltó que desde el Ejecutivo regional «se está desarrollando una labor muy importante para que se respeten los derechos humanos de todas las personas».

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