PARÍS.— El presidente francés Nicolas Sarkozy, a quien salvo Íngrid Betancourt el resto de los latinoamericanos le importa muy poco, metió la barrera del idioma como un nuevo obstáculo para impedir la llegada de inmigrantes a Europa y como una razon más para poder echar a buena parte de los que ya están instalados.

Son 23 los idiomas oficiales de la UE, pero eso no significa que cada inmigrante o sus familiares deban dominarlos todos. Se supone, y no mucho más se puede afirmar, que se refiere a la lengua del país que le permite el ingreso.

Seguramente Sarkozy tuvo en cuenta que cada vez son menos los que hablan francés y los interesados en hablar un idioma que ha perdido la universalidad e influencia de antaño. Constituye, a la vez, una medida que frenará la movilidad de los extranjeros “elegidos”, “aceptados” o asimiliados, en el territorio europeo y condicionará las políticas inmigratorias propias de cada miembro de la Unión y, por supuesto, a cada uno, cuando le convenga, le servirá como excusa para justificar las restricciones que impone.

En teoría, los latinoamericanos, que miran a España como destino, no se verían mayormente perjudicados. Sin embargo, dependerá de en qué región de España piensan afincarse. Si van a Cataluña deberán hablar catalán y hacerse a la idea de que sus hijos pueden ser segregados y sólo ir a escuelas para hijos de inmigrantes. En el País Vasco y en Galicia todavía no es tan así, pero va camino a ello.

¿Quiere decir que el español no es el idioma oficial obligatorio en España? Hace un tiempo que, en la práctica, ya no es así. Tanto que en estos días se ha planteado una gran polémica pública a raíz de una iniciativa de un grupo de personas destacadas que ha lanzado un “manifiesto” con vistas a imponer la obligatoriedad del español.

Los que están a favor y los que están en contra no han escatimado en acusaciones, ironías y burlas mientras el pobre idioma castellano va al garete. Lo peor es que la discusión se ha llevado, o rebajado, al plano político partidario. Los PP, hoy por hoy y desde la oposición, están con el idioma español, y los PSOE, siguiendo la clara línea de su líder, no se sabe bien qué defienden pero están algo en contra, porque hay que cuidar los votos de las distintas regiones y autonomías. Además está el idioma de Rodríguez Zapatero, quien se resiste a pronunciar la palabra “crisis”, pese a que, según una encuesta de El País de Madrid, “nueve de cada 10 españoles afirman lisa y llanamente que España está en crisis económica”.

En el idioma de Zapatero, el pacto sobre inmigración de Sarkozy es “progresista” y “equilibrado”, y advierte entre torpe y soberbio, pero en buen español, que Europa no es “una casa en la que se entre por cualquier lado. Hay que llamar a la puerta o ser llamado”. En otros campos propone, como conquista y premio de consuelo a la vez, que Barcelona sea la sede de la Unión Mediterránea, que impulsa Sarkozy siempre tan preocupado por América Latina, y a Betancourt le habla de que España participó de las “mediaciones” entre Bogotá y las FARC. No se sabe si le dijo algo sobre cuál sería la actitud de su gobierno ante mediaciones de ese tipo entre Madrid y la ETA.

En defintiva, que los españoles cuiden sus intereses y hablen el idioma que más les convenga, es su derecho. Lo que no está bien es que se autoproclamen voceros de Latinoamérica y menos bien aún, que los latinoamericanos acepten que lo hagan.

El autor es presidente honorario de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

 
 

PUBLICIDAD