| GÉNOVA, Italia

Planteamiento.

Legalización, seguridad y respeto son los pedidos que  asociaciones de migrantes e instituciones sociales genovesas formularán  a las autoridades italianas como parte de una campaña de sensibilización a quienes “pretenden crear un ambiente de racismo y odio valiéndose de leyes injustas”.

La iniciativa es producto de una reunión multiétnica organizada por la ARCI – Liguria (Asociación de Promoción Social) y la Cgil (sindicato de trabajadores) para discutir la Directiva  Retorno aprobada en junio pasado por la Unión Europea y el Plan de Seguridad autorizado hace dos días por el Parlamento italiano (el Senado tomará la última decisión) y que encarcelará y expulsará a  los inmigrantes ‘sin papeles’.

Ecuatorianos, marroquíes, peruanos, albaneses, senegaleses e italianos discutieron la posibilidad de crear un frente para establecer deberes y derechos que les permita una convivencia con garantías y seguridad.

“Los extranjeros que vivimos en este país somos los primeros en pedir legalidad y seguridad a las autoridades porque somos las verdaderas víctimas”, expresó Teresa Moncada, ecuatoriana “con papeles”  que reside y labora en Génova, quien además reconoció que hay miles de connacionales irregulares que no se atreven a participar en una manifestación por miedo a ser reconocidos.

Alessandra Ballerini, abogada especializada en migración, dijo que si los italianos supieran  qué dice el plan de seguridad creado para frenar la migración “se les pondría la piel de gallina”  porque crea confusión y pone en calidad de criminal a personas honestas que solo quieren trabajar.  “Sería bueno salir a las calles y explicar de qué se trata la ley. Los italianos están  asustados y creen que bajando el índice de extranjeros terminarán los problemas del país”.

La ARCI indicó que incriminar a los 700 mil “clandestinos”  en Italia pondrá en dificultad la  crítica economía del país. Recalcó que en Génova hay 15 mil trabajadores ‘sin papeles’ que laboran en asistencia familiar y en la construcción que esperan ser reconocidos como tales y no “aprehendidos para mandarlos a la cárcel o sus casas”.