La inédita decisión del Síndico de remitir a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria un presunto caso de discriminación por motivo de raza cometido en un pub de Vitoria ha sido admitida por el Ministerio Público, que ve indicios de delito en la actuación del personal del establecimiento hostelero.
Tal y como avanzó ayer EL CORREO, el Defensor del Vecino, Javier Otaola, recurrió al fiscal jefe de la Audiencia Provincia, Josu Izaguirre, para esclarecer lo ocurrido el pasado mes de junio en el pub La Catedral, situado en la Avenida de Gasteiz. Al parecer, y según se recoge en la denuncia, el personal de seguridad del local prohibió la entrada a un joven magrebí, pero sí permitió el paso a sus acompañantes, todos ellos de nacionalidad española.
Según el informe de Otaola, el joven, al ver lo sucedido, exigió a los empleados la hoja de reclamaciones para que quedara constancia de lo ocurrido pero los dueños se negaron a entregársela. Ante esta situación, el hombre, que lleva varios años residiendo en Vitoria, decidió recurrir a las oficinas del Síndico, quien ha considerado que los hechos son «indiciarios de delitos de discriminación por motivo de raza». También parece verlo así la Fiscalía, que ya ha remitido el informe a los juzgados vitorianos. «Habrá que estudiarlo bien, pero sí puede haber indicios de delito. Luego será el juez el que vea si es cierto», confirmó a este diario el fiscal jefe.
El propio Síndico apuntó ayer que «según el Código Penal, el supuesto inpedimento para acceder a locales públicos podría ser delictivo y dar lugar a inhabilitación o privación de la licencia de actividad entre uno y cuatro años». Además, apuntó que este caso «puede tener valor pedagógico para que la gente se dé cuenta de que esto no se puede hacer».
A la espera de la resolución judicial, ayer se produjeron las primeras reacciones ante lo ocurrido, y todas ellas coincidieron en apoyar la decisión de Otaola. «Ha sido impecable. Si se produjo esto realmente, es denunciable y aunque se aduzca el derecho de admisión, va en contra de la norma superior, que es la Constitución y no permite la discriminación», destacó el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain. El edil socialista criticó que «no es de recibo una actitud así, nos sirven los extranjeros para trabajar, pero no para que se diviertan». Añadió que «si ha sido por la raza, no hay justificación, pero habrá que ver si hubo otras causas, como el comportamiento».
«Discriminación»
Por su parte, la edil de Ezker Batua, Saioa Castañeda mostró su «sorpresa por que pasen cosas como ésta» y animó a la gente «que le haya pasado algo así a que lo denuncien. El derecho de admisión recoge que queda excluida cualquier discriminación vejatoria». Y Antxon Belakortu, de EA, insistió en que «no podemos permitir estas situaciones, debemos ser una ciudad tolerante».
El gerente de la Asociación de Hostelería de Álava, Rafael Ugarte, mostró su extrañeza por lo ocurrido. «Ningún establecimiento rechaza a los clientes, porque cuantas más personas tengas, mejor. Que se impida entrar por motivo de raza está prohibido por ley, que es muy clara al respecto. Pero habría que ver otras posibles connotaciones para que el hostelero decida no permitirla. Y también ver si en esos momentos había más extranjeros en el local», valoró Ugarte.