El Gobierno trata de desactivar las críticas a su política de seguridad extendiendo la medida a todos los ciudadanos, aunque quienes viven en campamentos serán fichados de forma inmediata A partir del 1 de enero de 2010 Italia tomará las huellas dactilares a todos sus ciudadanos. Eso significa que, desde esa fecha, el documento de identidad de los italianos llevará no sólo la fotografía, sino también las huellas de su titular. La decisión, destinada a deshinchar la agria polémica desatada por el plan del Gobierno Berlusconi de fichar solamente a los gitanos, fue adoptada por la comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados.

La medida, en virtud de la cual el DNI de los italianos pasará a tener una validez de 10 años, está contenida en una enmienda a un proyecto de presupuesto que aún debe ser sometida a la aprobación del Parlamento. «Esto va a desactivar la cuestión de los gitanos, porque ahora las huellas se tomarán a todos», comentó Antonio Misani, diputado del centroizquierdista Partido Democrático.

Y es que desde hace semanas, el controvertido plan del Gobierno de Silvio Berlusconi de censar a los que viven en los campamentos de nómadas, incluidos los niños, está generando un alud de críticas tanto dentro como fuera del país.

«Discriminación»

El Parlamento Europeo condenó recientemente la toma de huellas dactilares a los gitanos, calificándola de «acto de discriminación directa fundado en motivos raciales y orígenes étnicos». El líder de la oposición italiana, Walter Veltroni, instó ayer a «suspender de inmediato la medida para los gitanos, ya que habrá una decisión que será válida para todos» a partir de 2010. Sin embargo, el ministro del Interior, Roberto Maroni, se mostró una vez más decidido a seguir adelante. Y, además, volvió a rechazar las acusaciones de racismo, reiterando que fichar a los nómadas servirá para luchar contra la mendicidad y la explotación de menores. «No hay ninguna discriminación sobre base étnica, se trata de una polémica falsa», afirmó tajante. «En octubre terminaremos el censo [en los campamentos] y después, coordinándonos con la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, elaboraremos un plan de escolarización», explicó.

La toma de huellas dactilares, que tanta crítica ha desatado, fue rechazada ayer también por el presidente de la Autoridad Garante de la Privacidad en Italia, Francesco Pizzetti. «Es absolutamente necesario evitar recurrir a técnicas basadas en criterios discriminatorios, especialmente si son de naturaleza étnica o religiosa», dijo. «Cuando se trata de menores, las cautelas deben multiplicarse y debe quedar siempre claro que a este instrumento se recurre sólo cuando no es posible usar otros para la identificación», añadió.

El primer ministro rumano Calin Popescu Tariceanu advirtió a Roma que su Gobierno «no puede aceptar que los ciudadanos de su país sean sometidos a vejaciones y prácticas discriminatorias que no respetan la dignidad de la persona humana». Italia replicó que «una minoría de rumanos se hizo responsable de delitos que afectaron profundamente a la opinión pública», por lo que se hacen necesarios «controles más eficaces».