El Gobierno no se pone de acuerdo sobre lo que hará con los inmigrantes supervivientes de las embarcaciones ilegales llegadas en dramáticas condiciones a las costas españolas la semana pasada. Un ministro dice una cosa a los periodistas y, a las pocas horas, su compañero de gabinete afirma lo contrario.

Celestino Corbacho, titular de Trabajo e Inmigración, aparentemente disipó ayer cualquier duda sobre esta cuestión al asegurar que no se regularizará a ninguno de los sin papeles. Ni siquiera a las madres que perdieron a sus bebés ni al recién nacido que salvó su vida en Almería.

«Ya sé que esto es muy duro», reconoció Corbacho, pero recordó que «toda persona que entre ilegalmente tiene que ser devuelta a su país de origen». E insistió, para que sus palabras no pudieran ser interpretadas de forma ambigua: «Las condiciones en que haya venido un inmigrante no pueden prevalecer por encima de lo que determina la ley».

De lo contrario, sostuvo el ministro, «seguramente todo el mundo acabaría cogiendo el neumático para lanzarse al mar». Alto y claro.

O no. Casi a la misma hora, pero a kilómetros de distancia, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, desmentía a Corbacho y sostenía que el caso de Almería es «excepcional y como tal debe ser tratado».

«Convendrán conmigo en que el que una madre pierda a su hijo en la travesía no es normal y, por tanto, es un caso que admite una reflexión excepcional, y es lo que estamos haciendo», dijo el titular de Interior, según informa Efe.

Sostuvo que «la norma es la norma», que la ley se cumple «taxativamente» con todos los inmigrantes que llegan a España de forma irregular y que «la repatriación es un mensaje inequívoco a las mafias». «Pero admite excepciones», añadió, «y, si una madre llega con su bebé, eso no puede dejarnos indiferentes».

Recurrir los expedientes

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue tajante la semana pasada cuando indicó que «no existe asilo por naufragio», pero el subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Corpas, dejó la puerta un poco más abierta al apuntar que algunos de los indocumentados podían regularizar su situación por razones humanitarias.

Corpas quizá habló demasiado al anunciar que se iba a hacer un estudio individualizado de las condiciones de estas personas. Y que, aunque los expedientes de expulsión ya habían sido notificados, los inmigrantes podían recurrirlos apelando a esta excepcionalidad.

La última palabra sobre esta cuestión la tendrá Corbacho, porque, como asegura un portavoz del Ministerio de Interior, «es el que decide sobre las regularizaciones».

Todo apunta a que, para evitar el efecto llamada, se ha querido lanzar a la opinión pública el mensaje contundente de que ninguno de los supervivientes va a ser legalizado, aunque después a algunos de ellos se les conceda la residencia discretamente.