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Miembros del Parlamento Andino y del Europarlamento revisaron detalles de la reforma.

Representantes del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) pidieron ayer a sus colegas europeos una revisión y clarificación de la Directiva Retorno, aprobada el pasado 18 de junio, a fin de que se entienda bien su aplicación sobre los inmigrantes latinoamericanos.

“Hay que explicar bien su significado. Hay que aclarar que no entra en vigor hasta dentro de dos años y que cada país tiene derecho a aplicarlo según su  legislación”, dijo la presidenta del Parlamento Andino, Ivonne Juez de Baki, tras una reunión de parlamentarios europeos y latinoamericanos en Madrid, auspiciada por la Asamblea Eurolatinoamericana (Eurolat).

La normativa, que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes sin documentos de la Unión Europea (UE) con periodos de retención de hasta 18 meses a quienes se nieguen a partir por iniciativa propia, además de imponer una prohibición de cinco años de regresar a la UE, levantó una protesta en América Latina.

Para estos países, la directiva es un “intento de criminalización de la migración irregular”, hasta el punto de que el Mercosur aprobó una declaración hace dos semanas, en la que “expresaron el rechazo a la aprobación de la directiva”.

Baki pidió “que se entienda la reacción de América Latina”, al tiempo que adelantó que se  trabajará con los países receptores de emigración latinoamericana para que se comprenda la ley.

“La directiva de la UE ha sido establecida en el marco de los derechos humanos. Su objetivo no es criminalizar”, afirmó el europarlamentario español José Ignacio Salafranca, copresidente del Eurolat.

“Se entiende que todos tenemos derecho a buscar una vida mejor en otro país, pero para ello hay que atenerse a una serie de normas, y lo digo desde la perspectiva de España, que fue un país de emigrantes”, acotó.

El gobierno español adelantó que la directiva europea no influirá en su legislación sobre inmigración, aunque estudia ampliar el plazo de retención de inmigrantes clandestinos de 40 a 60 días a fin de poder “organizar las expulsiones”.

Salafranca insistió en la importancia de la inmigración para Europa, pero regulada. “Está previsto que la población europea descienda de aquí al 2040. Los inmigrantes constituyen no solo nuestra futura mano de obra, sino también un importante valor humano”.

Insistió en la necesidad de trabajar para resolver los problemas causados por la aprobación de esta directiva para lo que los parlamentarios diseñaron una “hoja de ruta” que prevé medidas como la creación de un observartorio para la migración, con sede en América Latina. La mesa directiva del Eurolat prevé reunirse los próximos 24 y 25 de septiembre en Estrasburgo (Francia) para seguir tratando el tema.