El Gobierno tiene el deber de hacer cumplir la Ley Orgánica de Educación para impedir la segregación de determinados grupos de inmigrantes que pretende desarrollar la Generalitat catalana. El texto de los artículos 78 y 79 de la LOE que ayer recogía ABC es claro e inequívoco. Cualquier programa específico para alumnos con carencias lingüísticas o de conocimientos básicos debe ser «simultáneo» a la escolarización de los mismos en los grupos ordinarios. Es lógico que existan aulas de enlace para estos supuestos, pero siempre en el marco del sistema común y sin crear situaciones objetivamente discriminatorias. Las leyes están para ser cumplidas, por mucho que al ministro Corbacho la propuesta le parezca una «idea valiente». Por el contrario, se trata del reconocimiento de que ha fracasado la política educativa mediante una falsa solución que puede crear nuevos problemas de convivencia.