Ignacio Ponce, ingeniero informático, cree que no tiene por qué forzosamente «repartirse el alumnado procedente de la inmigración entre la enseñanza pública y privada a partes iguales. Cada colegio puede tener libertad de establecer su política de admisión de alumnos, al igual que la tiene en el ideario o planes de estudio. Los padres son los que deben tener la última palabra».