El conseller defiende que «la educación está ganando la batalla de la cohesión» y anuncia que la LEC costará 1.000 millones de euros al año Lejos de atender a las críticas, el conseller de Educació, Ernest Maragall, volvió ayer de nuevo a defender las aulas de acogida y los espacios de bienvenida para menores inmigrantes que recoge el proyecto de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) e insistió en que son «una ganancia clara y neta» en el proceso de integración de los recién llegados, con «beneficios explícitos» sobre el sistema educativo catalán. En su apuesta, el conseller encontró hace unos días el apoyo del ministro de Trabajo e Inmigración, el también socialista Celestino Corbacho, que calificó de «valiente» la iniciativa emprendida en Cataluña. «La educación está ganando la batalla de la cohesión», aseveró ayer Maragall poco después de reconocer el papel de los planes educativos de entorno como instrumentos «para integrar a los alumnos inmigrantes y solucionar los problemas que puedan surgir».

En el transcurso de una prolongada exposición de los retos de la futura Ley de Educación para Cataluña, el conseller Maragall afirmó con rotundidad que la nueva normativa «es a la educación, lo que el Estatut es al autogobierno catalán» por lo que requirió la implicación de todos los grupos del arco parlamentario en el redactado final de la ley – «también me gustaría incluir al PP, aunque me cueste imaginarlo», indicó – , si bien se mostró no estar «obsesionado» por aprobar la nueva ley «a cualquier precio».

Aprovechando que el conseller de Economia, Antoni Castells, formaba parte de la nutrida representación del PSC en el auditorio del Tribuna Barcelona, Maragall no dudó en avanzarle que la aplicación de la nueva LEC «requerirá de la Generalitat un esfuerzo económico adicional en el ámbito de la escuela de «unos 1.000 millones de euros al año».

El conseller de Educació anunció esa cifra, que calificó de «significativa», para dar una idea de los recursos que serán necesarios en un plazo de seis a diez años para el despliegue con garantías de la ley, que pretende que entre en el Parlament en septiembre, después de que el Gobierno catalán apruebe el proyecto de ley este mes de julio.