Es necesario que la voz de los cristianos se oiga para manifestar nuestro desacuerdo con las últimas decisiones políticas de la Unión Europea que suponen una regresión en los derechos de los ciudadanos. Nos estamos refiriendo a las disposiciones conocidas como directiva sobre la jornada laboral y directiva del retorno, acordadas por los gobiernos nacionales.

La primera directiva permite que empresarios y trabajadores puedan pactar una jornada de 60 horas semanales, ampliables hasta 65 para algunas profesiones, siempre que se respeten once horas diarias de descanso, que permite a los empresarios dejar de cumplir los convenios colectivos cuando hayan llegado a acuerdos individuales con los trabajadores. Esta disposición nos retrotrae al siglo XIX y derriba avances logrados en los derechos de los trabajadores conseguidos durante el último siglo: La Organización Internacional del Trabajo, hace 91 años, consagró el derecho a la jornada laboral de 48h semanales, respondiendo así a la demanda del movimiento obrero que pedía 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación. Se nos dice que la jornada de 60 horas no va a ser obligatoria sino voluntaria, pero cuando un empresario se acoja a ella y el trabajador se niegue, siempre habrá otro que, por necesidad, acepte. Si esta ley no se modifica, a la vuelta de algunos años habremos convertido en papel mojado el derecho de los trabajadores al descanso, al tiempo libre para estar con la familia o practicar el ocio, y la conciliación familiar será una quimera. Los gobiernos de España, Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría se han opuesto y, según palabras del ministro de trabajo, en nuestro país no se va a aplicar.

La directiva del retorno trata de varias disposiciones que endurecen las condiciones de estancia de los inmigrantes no regularizados y permite su reclusión durante seis meses antes de su expulsión (ampliables hasta dieciocho para aquellos que carezcan de permiso), existiendo la posibilidad de que sean recluidas madres de familia y menores de edad en centros de internamiento, casi todos ellos con graves carencias sanitarias, legales y humanitarias. Esta reclusión puede ser decretada por vía administrativa, sin efectiva tutela judicial y con escasas posibilidades de defensa. Es decir, se está proponiendo un «encarcelamiento» ilegal y contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todo ello sin tener en consideración circunstancias favorables como son el tiempo de permanencia en el país, el hecho de haber trabajado y con ello colaborado al desarrollo de nuestras economías, el grado de integración en nuestra sociedad, la existencia de familiares regularizados, ausencia de delitos etc. Todavía se endurece más esta disposición con la exigencia de no poder regresar hasta pasados cinco años.

Los europeos, cuando lo necesitaron, emigraron a otros países (mayoritariamente americanos) donde fueron acogidos sin exigirles visados en la mayoría de las ocasiones, dando fraternal respuesta a las crisis económicas y políticas de Europa. Siempre fueron bien recibidos y lo siguen siendo. Asimismo las empresas europeas han dispuesto de facilidades para instalarse en estos países en vías de desarrollo aprovechándose de una mano de obra barata Ahora, la Unión Europea quiere negociar con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) un «Acuerdo de Asociación» que incluye un Tratado de Libre Comercio, a la vez que presiona a sus gobiernos para que desistan cuando éstos inician un proceso de nacionalización del agua, gas y telecomunicaciones. Es decir, lo que la UE pretende es promover la libre circulación de mercancías y finanzas de nuestras empresas, pero no de personas; por ello ha decidido endurecer las condiciones de permanencia de los inmigrantes en los países de la Unión. Estamos cayendo en el error de achacar los problemas de cohesión social por lo que atraviesa la UE a las personas que han venido a nuestra sociedad buscando un trabajo que les permita vivir con dignidad. El corazón de la Unión Europea no puede ser sólo un conglomerado de intereses económicos, sino que ha de poner el principal acento en el ejercicio de la ciudadanía, propiciando ciudadanos que participen en un modelo de desarrollo económico con derechos sociales, contrario al inicio de un camino de destrucción de los avances que, en este sentido, se han conseguido en la sociedad europea y que han sido referente y anhelo de otros muchos países.

Respecto a la postura española manifestamos la decepción que nos ha producido la actitud de nuestro presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que no sólo se ha limitado a apoyarla, sino que ha auspiciado una normativa que contradice la política más permisiva que hasta ahora ha desarrollado el gobierno español, caracterizada por la humanidad y respeto a la dignidad de las personas afectadas, sin excluir acuerdos de repatriación de inmigrantes con los gobiernos de procedencia, realizados dentro de la legalidad y respetando sus derechos como persona.

Los cristianos no podemos permanecer ajenos ni indiferentes a las decisiones políticas de nuestros gobernantes. El mensaje evangélico que Jesús de Nazaret nos transmitió tiene como fin principal el bien del ser humano y la construcción de una sociedad justa y fraternal que él llamó reino de Dio; en términos seculares hoy podríamos llamarle sociedad alternativa. Junto a la obligación de defender la justicia social y hacer el bien, podemos y debemos ejercer la denuncia profética antes decisiones gubernamentales, o de instituciones públicas, que atenten contra los derechos de la persona, siendo más necesaria esta denuncia cuando aquellas afectan a las víctimas de un mundo radicalmente injusto.

Emilio J. Soriano es profesor y escribe en representación de las Comunidades Cristianas de Base de la Región de Murcia.