El alto porcentaje de reclusos inmigrantes en la cárceles españolas, que en estos momentos triplica al de las personas de origen extranjero entre la población en general, tiende a incrementarse. A la hora de explicar sus causas, es evidente que la primera se refiere a su ubicación en los sectores de empleo más precario o de la economía sumergida, y que se agrava en el caso de quienes se enfrentan a verdaderas dificultades para regularizar su situación. En segundo lugar, figuran factores derivados tanto de la relación que se establece entre delito y pena en sus lugares de origen como de que en la marginalidad se tiende a asumir la eventualidad del encarcelamiento como parte de la misma. Pero esos factores no podrían explicar por sí solos el fenómeno si no se tuviera en cuenta el carácter transnacional de algunas tramas delictivas. Baste señalar que de las 16.766 personas detenidas en 2006 en España por tráfico de drogas 5.605 eran extranjeras. Si esto último demanda mayor especialización de los recursos policiales, las causas sociológicas exigen mayor atención preventiva por parte de las Administraciones, y también una aplicación menos restrictiva de la libertad condicional, o la repatriación de los condenados que puedan cumplir la pena en países en los que el respeto a los derechos humanos esté garantizado.