Instituciones Penitenciarias sigue muy de cerca la evolución de los extranjeros presos, aunque no ve con preocupación su aumento. Reconoce que la población foránea reclusa está sobredimensionada en comparación con las cifras de residentes extranjeros, pero los responsables de Interior creen que es «fiel reflejo» de la nueva sociedad de este país.

Los expertos de prisiones admiten, no obstante, que «históricamente» la proporción de extranjeros ha sido mayor en las cárceles que en la calle. Pero esta circunstancia tiene varias explicaciones, según los analistas. Los técnicos justifican el alto porcentaje de encarcelados inmigrantes, no sólo porque se trata de un colectivo pobre (por eso emigra de su país) y en algunos casos ligado a la delincuencia, sino por la dificultad de muchos de estos presos para acceder al tercer grado (en el caso de penados) o a la libertad provisional (preventivos) al no poder justificar un arraigo familiar o social.

Los jueces y las juntas de tratamiento, a la hora de excarcelar a un interno antes de tiempo, quieren garantías de que el interno, aunque libre, estará a disposición de la justicia. Y tienen muy en cuenta que el recluso tenga un domicilio conocido y estable, una familia que esté en condiciones de mantenerle, un entorno que pueda conseguirle un trabajo o recursos económicos para estar en libertad sin volver a delinquir. Son exigencias que, en la mayoría de los casos, no pueden cumplir los inmigrantes que acaban de llegar a España por lo que, en consecuencia, suelen cumplir un tiempo superior en prisión que sus compañeros nacionales.

El hecho de ser extranjero también condiciona en muchas ocasiones a jueces y responsables penitenciarios, que consideran que hay un mayor riesgo de fuga al tratarse de un ciudadano que es posible que no tenga raíces en España. Y es uno de los motivos legales más comunes para decretar medidas cautelares como la prisión preventiva.