“Aquí se acaba el chollo, porque esto es una burla al sistema de protección de menores”. Así de contundente se mostró ayer la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, tras la investigación que ha permitido detectar a 25 jóvenes de Ghana que estaban en un centro de menores de manera fraudulenta. Eran mayores de edad pese a lo que acreditaba su documentación. Había hasta treintañeros con canas.

La clave ha sido un sistema conocido como ortopantomografía. A través de radiografías del hombro y la interpretación de un antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal, ha sido posible determinar con precisión la edad de los jóvenes inmigrantes bajo sospecha. Es un método que aporta “bastante más certeza que la radiografía de la muñeca practicada hasta ahora con este fin”, destacó Gisbert.

Aunque se trata de un caso puntual y sin precedentes, lo ocurrido en el centro de menores de Valencia va a sentar las bases de un nuevo protocolo de actuación para evitar que algunos inmigrantes se hagan pasar por menores para beneficiarse de la protección legal. “Se trata de algo pionero en España” que se ha gestado en Valencia y próximamente se presentará a la Fiscalía General del Estado para que dé su visto bueno, destacó la fiscal jefe.

Y es que la situación que se vivía en el centro de menores era casi de risa. Para empezar, estaba repleto. “Tiene una capacidad para 90 plazas y un tercio eran adultos, según las investigaciones”, lamentó la coordinadora de menores de la Fiscalía, Gemma García. “En algunos casos la mayoría de edad era evidente y había quien se rapaba la cabeza porque su edad rondaba los 30 y tenía canas”, relató.

De hecho, García celebró que no se produjera ningún incidente durante los meses en los que niños de 12 y 14 años convivieron con jóvenes que rondaban la treintena. La coordinadora de menores calificó esta situación de “peligrosa”

De los 25 inmigrantes subsaharianos sospechosos de superar la mayoría de edad, cuatro huyeron al percatarse de la investigación. Los otros 21 pasaron a disposición judicial y han sido internados en un centro de extranjeros. Muchos están ahora pendientes de ser expulsados del país.

Pero las pesquisas continúan y el número de falsos menores aún podría ser mayor. Según García, otros seis jóvenes ghaneses están siendo investigados por la Fiscalía para determinar cuál es realmente su edad y conocer si pueden permanecer en el centro de protección valenciano.

Según la fiscal jefe, esta situación anómala se produce porque los jóvenes inmigrantes conocen “el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, que deben llevar a los menores extranjeros indocumentados a centros de acogida.

Sin embargo, algunos de los jóvenes investigados aportaron una documentación que, pese a que no era falsa, presentaba datos respecto a la edad que no se correspondían con la realidad.

El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, afirmó que respaldará este nuevo protocolo, que podría ser una realidad a partir de septiembre. Tal y como se ha demostrado, para evitar este fraude es necesaria la colaboración entre la Fiscalía, los centros de menores, la policía, y el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

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