l reciente congreso del Partido Socialista Obrero Español ha aprobado un programa de cambios para reforzar la laicidad del Estado y la progresiva supresión de símbolos religiosos en el ámbito público, así como la ampliación del derecho de voto a los inmigrantes residentes y una nueva regulación del aborto, con clara tendencia hacia una ley de plazos. Todo ello, junto con el estudio de una posible regulación de aspectos conexos a la eutanasia (de momento se habla sólo tímidamente de muerte digna) no merece sino un juicio positivo desde la perspectiva del ejercicio activo de la ciudadanía, pues no suponen en el fondo sino avances en el desarrollo del principio de igual dignidad de todas las personas. Inmediatamente, las conclusiones del congreso se han convertido en programa del Gobierno socialista.

Es bastante probable que ese Ejecutivo haya aprovechado mediáticamente el tirón de estos temas para disimular su pereza y dificultad en admitir y afrontar la recesión económica que se nos viene encima. No hay nada como una buena pelea por altos valores para disimular la cruda y prosaica realidad cotidiana. Sin embargo, ello no empece en absoluto el hecho de que las cuestiones tratadas son relevantes y requieren futuros desarrollos legislativos. En este sentido, parece que Mariano Rajoy equivoca de nuevo el punto de mira de su crítica al aludir desdeñosamente a la laicidad, el aborto o el voto inmigrante como «cosas que no preocupan al hombre de la calle», un ser que según él estaría absorto en el coste de la vida y de su hipoteca.

Ese ‘homo qualunque’ al que se refieren no es tan unilateral ni limitado como los populares pretenden reflejar en su crítica, y es perfectamente capaz de interesarse al tiempo por la economía, la laicidad, los inmigrantes y la regulación del aborto. Los políticos tienen el vicio de argumentar, cuando les conviene, blandiendo un muñeco de paja al que llaman ciudadano y al que pintan como un ser limitado y torpe incapaz de preocuparse por más de una cosa a la vez. Es un insulto gratuito que nos hacen.

Y, sin embargo, hay un punto relevante en relación con el anuncio de estas medidas regulativas que el cronista no puede dejar de señalar: en este país se celebraron unas elecciones generales hace cien días. Y en el programa electoral que los socialistas presentaron ante los votantes para su deliberación y enjuiciamiento no figuraban para nada las medidas estrella ahora aprobadas por el congreso del partido, sino sólo vagas referencias a la reflexión. Es más, se dio un público rechazo de los líderes socialistas a incluir en el programa detalle alguno sobre la revisión de la ley del aborto o sobre la eutanasia. Ese debate, se dijo, no tocaba todavía. Cien días después, ganadas las elecciones, toca. Esto es, cuando menos, sorprendente. Es inevitable sospechar que los socialistas omitieron estas cuestiones en su programa por una pura conveniencia electoral: eran temas conflictivos que no les iban a dar ninguno de los votos de centro por los que pugnaban y que les exponían a la manipulación crítica de los conservadores. Pero lo relevante, con serlo, no es el motivo coyuntural y táctico por el que actuaron como lo hicieron, sino el desprecio a las reglas básicas de la democracia representativa que pone de manifiesto tal forma de proceder.

Nuestro presidente del Gobierno, que padece una fuerte propensión caracteriológica hacia las ‘ideas bonitas’, suele incluir en su discurso alabanzas sin cuento hacia las que presenta como formas más avanzadas de democracia: la participativa, la deliberativa, la cívicamente virtuosa. Su modelo retórico es uno en que todos los ciudadanos deliberemos en común sobre los intereses generales, poniendo aparte nuestro autointerés mezquino, y así lleguemos a soluciones virtuosas.

Y, sin embargo, a la hora de la verdad de hacer política, no respeta siquiera los requerimientos mínimos de la humilde y vulgar democracia que poseemos, es decir, la electoral representativa. Porque ha infringido uno de sus principios básicos: no ocultar los rasgos relevantes de su programa de gobierno, de forma que los electores puedan formarse un juicio reflexivo y ponderado sobre ese programa, y apoyarlo o no. Que esos rasgos ocultados merezcan, a juicio de este cronista, un juicio positivo, no cambia para nada el hecho básico: se nos han escondido datos a la hora de votar, se nos ha tratado como menores de edad a los que no se debe inquietar con cuestiones complejas.

La cascada de propinas y regalos que los socialistas nos hicieron a los ciudadanos durante la pasada campaña electoral no dijo mucho a favor de la calidad de su práctica democrática, ciertamente. El dato ahora conocido de que existía una especie de programa oculto pone la guinda a lo que no son sino serias desviaciones en la praxis democrática estándar de cualquier país occidental. Convendría que lo tuvieran en cuenta.