El Parlamento Europeo echó ayer un rapapolvo a la política del Gobierno italiano de Silvio Berlusconi hacia los gitanos. La Eurocámara aprobó una moción en la que pide que finalice la recogida de huellas dactilares a la población romaní, iniciada esta semana y exige que no sean utilizadas las que ya se han recabado. Asimismo considera «inadmisible que, con el objetivo de proteger a los niños», justificación que aporta Italia, «se violen sus derechos fundamentales y se les criminalice».

El Gobierno italiano inició esta semana la recogida de firmas del llamado censo Maroni, que el Ejecutivo califica de precisamente eso, «un simple censo», pero que ha alertado a las comunidades gitanas de toda Europa y a asociaciones de defensa de los derechos humanos, que han denunciado una «vergonzosa política de acoso».

En busca de poner fin a esta medida «desproporcionada», el pleno de la Eurocámara respaldó por 336 votos a favor, 220 en contra y 77 abstenciones una resolución presentada por diputados de los grupos socialista, liberal, verde y de la izquierda unitaria. Previamente, la cámara rechazó una petición del Partido Popular Europeo para no llevar a cabo la votación.

Acto discriminatorio

En el texto aprobado, los eurodiputados instan a las autoridades italianas a abstenerse de recopilar las huellas dactilares de la población de etnia gitana, menores incluidos, al considerar que esto «constituiría claramente un acto de discriminación basado en la raza y el origen». Además, piden a Roma que no utilice las huellas ya recopiladas a la espera de que la Comisión Europea evalúe las medidas que tiene previsto tomar el Ejecutivo de Silvio Berlusconi.

El comisario europeo de Justicia e Interior, Jacques Barrot, que intervino ante el pleno, anunció que Bruselas recibió en la noche del miércoles «una primera respuesta» de las autoridades italianas a su petición de más información sobre las medidas de emergencia que ha planteado. Según explicó, el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, le informó de que la toma de huellas sólo se llevará a cabo si no hay otra forma de identificar a los individuos. En el caso de los menores de 14 años, sólo se reunirían con autorización judicial y como última opción.