La odisea de medio centenar de inmigrantes que, procedentes de Africa, intentaron alcanzar ilegalmente nuestras costas en una zodiac, ha conmocionado a la sociedad española. El caso es espeluznante. Murieron 15 de los que iniciaron la travesía y, de los 10 niños que embarcaron – la mayoría bebés – nueve perecieron en alta mar y sus madres vieron cómo sus cuerpos eran arrojados al agua.

La nave, de seis metros, en la que viajaban hacinadas 48 personas, estuvo una semana a la deriva después de que un temporal inutilizara el motor. Todo ese tiempo sus ocupantes estuvieron sin comer ni beber y expuestos a temperaturas extremas día y noche, hasta que fueron rescatados por una patrullera de la Guardia Civil frente a la costa almeriense. En tierra se vivieron escenas dramáticas, como la que hoy reproducimos en nuestra portada, con una madre, aún desconcertada, preguntando por el paradero de su bebé muerto, mientras sujeta el chupete en la mano. El personal de Cruz Roja, lamentablemente acostumbrado a este tipo de experiencias, calificaba de «indescriptible» la situación.

El caso, que ha impresionado a todos por lo sobrecogedor, se produce además sólo tres días después de que una patera volcara cerca de Motril (Granada) y 14 nigerianos perdieran la vida ahogados. Según datos del Frontex, nada menos que 921 personas murieron en 2007 en el mar intentando llegar a España en patera.

Según la información facilitada en Almería por los supervivientes, la zodiac que les transportaba partió de Marruecos. Aunque es cierto que la cooperación con este país en materia de inmigración ha mejorado sensiblemente, el encuentro que hoy mantendrán el presidente Zapatero y Mohamed VI en Oujdan debería servir para ampliarla. De la misma forma, habrá que seguir avanzando con medidas coordinadas de la Unión Europea, que van desde establecer acuerdos de cooperación con los países de origen de los inmigrantes para promover su desarrollo y disuadir a sus ciudadanos de arriesgar sus vidas, a perseguir con dureza a las mafias que se enriquecen con este drama y mejorar la vigilancia en las costas.

Precisamente porque se hace necesario coordinar en Europa las políticas en inmigración, la Eurocámara hizo lo correcto ayer al aprobar una resolución en la que expresa su rechazo al último plan del Gobierno italiano en esta materia. Más aún por cuanto la intención de Berlusconi de crear un censo de la población gitana puede vulnerar derechos fundamentales y supone «un acto de discriminación basado en la raza y el origen étnico», tal y como advierte la resolución.

En un momento en el que la UE camina hacia una homogeneidad legal hay que evitar errores del pasado. Tan mala fue la relajación del primer Gobierno de Zapatero ante la oleada de inmigrantes, como la criminalización que de los ilegales hace ahora el Gobierno italiano. Además, Berlusconi ataca con su política lo más esencial del proyecto de construcción europea: el conjunto de valores compartidos, en los que, junto a la libertad y la democracia, son primordiales la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.