Las migraciones son el fenómeno social más importante del mundo occidental en los últimos años. Muy particularmente en España, que es el país, de todo el planeta, que ha experimentado en este periodo el incremento migratorio más intenso en términos relativos, y en términos absolutos si nos referimos a Europa. En el último año han entrado en España más de setecientos mil ciudadanos extranjeros, que elevan la cifra de inmigrantes hasta los cinco millones, lo que representa más del 11 por ciento de la población. Este porcentaje, sin embargo, no se distribuye de un modo uniforme, sino que gravita, fundamentalmente, sobre la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, así como los dos archipiélagos.
El hecho de que nuestro país haya aumentado intensamente su población inmigrante en el último año, en el que la crisis económica y el incremento del desempleo constituyen ya alarmas incuestionables, es una señal que agudiza las proporciones del reto de la inmigración. Y que acelera la necesidad de alcanzar, ahora sí, un gran Pacto nacional sobre la inmigración, que es una de las principales cuestiones pendientes de la anterior legislatura.
Ya pasó el tiempo de la demagogia y de las actitudes irresponsables como la aplicación del criterio «papeles para todos» que, durante varios años, ha utilizado el gobierno socialista, con gran disgusto de sus homónimos europeos, que no podían concebir tamaña laxitud.
Europa y España forman parte de un mismo proyecto político que debe fortalecerse sobre lo que son los valores de convivencia y que van mucho más allá del mercado único, como los derechos humanos, la diversidad cultural, la libertad individual y la democracia. En ese marco es en el que debemos establecer políticas de integración y ciudadanía que superen el estricto ámbito de lo económico-laboral, que aún siendo básico de cara a la integración, resultan inútiles si no se engarzan con otros como el conocimiento de la sociedad de acogida o el respeto a la Constitución y las normas democráticas.
No debemos olvidar que en España la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda y las prestaciones sociales son competencia primordial de las Comunidades Autónomas y, en menor medida, de los Ayuntamientos, pero su financiación por parte del gobierno central no siempre se ajusta a la realidad poblacional.
El Pacto nacional por la inmigración no debe eludir esta cuestión esencial de la financiación de los gastos que conlleva la atención a la población inmigrante, quienes, por otra parte aportan mucho más de lo que reciben. En la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, acabamos de superar los cinco millones de ciudadanos; sin embargo la financiación estatal está estancada en los 3,9 millones de habitantes de 1999.
Ha llegado el momento de hacer política de Estado en materia migratoria. De poner fin a tantos titubeos, desencuentros y provocaciones más o menos involuntarias. Los dos grandes partidos políticos estatales tienen la obligación de poner en marcha ese gran Pacto nacional por la inmigración.Ya no hay más tiempo que perder.