DV. Los problemas con los centros de acogida de menores, conflictivos o no, han saltado en Euskadi de pueblo en pueblo y de barrio en barrio. Los vascos, sin embargo, tendrán que empezar a aceptar que las casas o pisos de acogida de los menores tutelados por las diputaciones deben ubicarse en núcleos urbanos, en entornos habitados de los pueblos o las ciudades y «no en la cima del monte», reflejó ayer de forma gráfica el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra. El decreto elaborado por su departamento, aprobado el martes por el Ejecutivo vasco y que entrará en breve en vigor, así lo determina. Como el objetivo es favorecer «la plena integración social» de los menores asistidos, el Gobierno Vasco entiende que los centros deben ubicarse en lugares «bien comunicados», próximos a los centros educativos donde se escolarice a los menores y en un entorno lo más «normalizado» posible.

Las diputaciones, que son las competentes y que han participado en la redacción de la normativa, parecen compartir a grandes rasgos la regulación, según avanzó ayer un portavoz de la institución foral alavesa. Eudel, la asociación de municipios vascos, también asume que lo mejor para los menores es que las casas de acogida se ubiquen en entornos urbanos y no en zonas aisladas, aunque defendió que los ayuntamientos deben ser escuchados cuando las diputaciones planean nuevos recursos sociales de este tipo porque «cada caso es un mundo».

La regulación presentada ayer por el viceconsejero Consuegra viene a «unificar», de otro lado, un asunto como la atención a los menores desprotegidos en el que cada institución foral ha caminado a diferentes ritmos y en ocasiones con criterios dispares.

A partir de ahora, tanto los centros como los programas de intervención deberán adaptarse a la regulación común, que en general pretende conseguir hogares de acogida de menor tamaño, menos masificados y con más educadores por cada menor que en la actualidad.

Los extranjeros, igual

Las diputaciones, así como el resto de entidades gestoras con las que se tengan conveniados estos servicios, tendrán cuatro años para cumplir el decreto. El centro que no lo haga pasado este tiempo, «será cerrado», advirtió sin reservas la directora de Bienestar Social del Ejecutivo, Elena Ayarza. En Vizcaya existen 684 plazas para niños o adolescentes en situación de desprotección. En Álava hay 200 y en Gipuzkoa, 345.

La nueva regulación determina claramente que sólo existirán cuatro tipos de recursos. En primer lugar, los centros residenciales, que deberán tener entre 11 y 24 plazas, o diez plazas como máximo si se trata de menores con graves problemas de conducta. En tal caso, además, deberá tratarse de un edificio aislado – no un piso, por ejemplo – y deberá contar con espacios adecuados para la aplicación de «medidas de aislamiento».

En segundo lugar, el decreto prevé pisos de acogida para un máximo de 10 adolescentes por piso, que estarán ubicados en viviendas ordinarias. Se autorizan también los llamados centros de preparación para la emancipación – con una capacidad reglada para entre 9 y 30 jóvenes de entre 14 y 16 años – y los pisos de emancipación, donde se podrán alojar a un máximo de 8 adolescentes de entre 16 y 18. Como novedad, el decreto autoriza a prestar asistencia a mayores de edad durante los 18 meses posteriores a su decimoctavo cumpleaños, siempre y cuando ya residieran con anterioridad en alguno de los centros. Se prohíben de forma expresa los «centros de noche» o el acuerdo con pensiones para que los jóvenes vayan a dormir, dado que «debemos garantizar el carácter educativo de la intervención de forma continuada», lo que no ocurre en estos casos, «que son pocos, pero existen», certificó Ayarza. El decreto no hace distinciones entre los menores extranjeros y los españoles. Según la directora de Bienestar Social, el principal efecto de la nueva regulación será que los recursos dependientes de las diputaciones forales deberán «reforzar sus plantillas», dado que se exigen ratios de educadores por menor que por lo general ahora se incumplen.