El Gobierno vasco pedirá hoy al Gabinete Zapatero que renuncie a aplicar la Directiva de Retorno aprobada a mediados de junio por la Eurocámara, una polémica reslución que unifica la política de inmigración en el continente y a la que los países miembros deben adaptarse en un plazo de dos años. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, recordó que la conocida como ‘directiva de la vergüenza’ «vulnera las leyes, los tratados internacionales y los derechos fundamentales» de los inmigrantes, por lo que «nunca» obtendrá el aval del Ejecutivo vasco.
El consejero presentó ayer en Vitoria el informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno y anunció que el director de Inmigración del Gobierno autónomo, Roberto Marro, acudirá con este documento a la conferencia sectorial que se reúne hoy en Madrid presidida por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
El informe, según explicó el consejero, zanja que la directiva atenta contra diversas leyes del ordenamiento español, contra la propia Constitución y contra los tratados internacionales sobre esta materia en sus apartados más espinosos. Entre ellos, Madrazo admitió su «estupor» por el que se refiere al establecimiento de un plazo máximo de 18 meses para la retención de los inmigrantes ‘sin papeles’ detectados en los países miembros mientras se cumplimentan los trámites de expulsión. «Permite unas medidas de aislamientos sin control judicial y sin garantizar los derechos de cualquier persona privada de libertad a la asistencia letrada, consular y médica», detalló el consejero. La directiva también abre la puerta a la repatriación de los menores de edad «a países en los que no necesariamente han nacido y sin ninguna garantía de que se respeten sus derechos», dado que tampoco se recoge que deban ser mantenidos junto a su familia. Entre los textos vulnerados, el informe cita la carta europea de los derechos fundamentales y la convención sobre los derechos del niño.
Postulados «xenófobos»
El Gobierno vasco trasladará al ministro Corbacho su disposición a acordar «una política de inmigración alternativa a la que abanderan Berlusconi y Sarkozy» y que Madrazo identificó con la propia de la «extrema derecha». «Es claramente reaccionaria y regresiva y hace suyos los postulados más racistas y xenófobos» de los líderes europeos de Francia e Italia, dijo el consejero.
A Zapatero, Madrazo le exigió que no sea «cómplice» de esta política. «De nada sirve el talante y la sonrisa amable para defender el voto de los inmigrantes le reprochó si se utiliza después como coartada para aplicar mano dura».
El Gobierno español ya ha matizado que el establecimiento de un marco común en el caso del plazo de retención obedece a que existen países en el continente donde en la actualidad no existe, por lo que viene a «poner garantías allí donde no las hay», explicó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. «Ésta no es la situación en España», agregó, donde existe un sistema «muy garantista» y todos los procesos están «judicializados en las mejores condiciones».