M.L.G.F./N.A./T.A.

MADRID. El polémico Pacto Europeo de Inmigración, acordado unánimemente por los 27 países miembros de la Unión Europea, tendrá en España un escollo añadido: el de la lengua. El texto recomienda a los países de acogida tomar «medias específicas para favorecer el aprendizaje de la lengua por parte de los inmigrantes» y algunas comunidades autónomas podrían apostar por su propia lengua en detrimento del castellano.

Las tres comunidades señaladas, por su tradición lingüística, pero sobre todo por el color nacionalista de sus gobiernos, son Cataluña, Galicia y el País Vasco. En esta última existe, desde hace cuatro años, un programa de «acogida lingüística» para que los inmigrantes conozcan unas nociones elementales de euskera, denominado AISA. Fuentes de la dirección de inmigración del Gobierno vasco manifestaron a ABC que en estos momentos existen facilidades para que los inmigrantes que lo deseen reciban clases de euskera o de castellano. Por este motivo, la Dirección de inmigración del ejecutivo de Ibarretxe considera que el Pacto sobre Inmigración no tendrá repercusión práctica en el País Vasco.

La vía para aprender castellano es la de las escuelas de formación para adultos, que no están dirigidas sólo a inmigrantes. Para el aprendizaje del euskera, en cambio, el Gobierno vasco ha creado un programa específico aunque «no se obliga a nadie a aprender euskera», puntualiza el Departamento de Inmigración del Gobierno vasco. El programa no sólo se desarrolla en municipios guipuzcoanos como Eibar, donde hay un segmento de la población que habla en euskera en su vida cotidiana, sino también en ciudades como Vitoria, donde es prácticamente imposible escuchar euskera en el transporte público, en los comercios o en las calles.

Catalán, «lengua común»

La Generalitat sólo promueve la enseñanza del catalán entre los inmigrantes al considerar «empíricamente probado» que quien habla catalán habla castellano, algo que al revés no sucede siempre. Así lo expuso ayer el Secretario para la Inmigración, Oriol Amorós, quien abogó por la defensa del catalán como lengua «pública y común» con el argumento de que «si no lo es aquí, no lo será en ninguna parte».

Amorós evitó pronunciarse sobre como congeniarán estas tesis con el Pacto sobre Inmigración aprobado por la UE. Sí recordó, sin embargo, que las políticas de integración son competencia de la Generalitat. Refiriéndose en todo momento a Cataluña, aseguró que «no hay ningún país en el mundo en el que no se entienda la lengua como una herramienta fundamental para la integración y la movilidad social».

En Galicia, la principal prioridad de la Xunta es la oferta de clases en gallego. Los dirigentes gallegos alegan que la gran mayoría de inmigrantes en la región proceden de Latinoamérica (en especial, emigrantes retornados), colectivo para el que el castellano no sería un handicap. En el caso de la inmigración procedente del Magreb y de Europa del Este la Xunta mantiene convenios plurianuales con los sindicatos y muchos de los ayuntamientos que agrupan a un colectivo foráneo relevante. Estos acuerdos sufragan cursos impartidos en los dos idiomas oficiales, que en ocasiones incorporan módulos de internet y búsqueda de empleo.

La secretaría de Normalización Lingüística subvenciona los cursos de gallego, mientras que la secretaría de Emigración y el Ministerio de Trabajo lo hacen en el caso del castellano.