El departamento de Madrazo cree que la nueva legislación “vulnera los derechos” de los extranjeros sin papeles

vitoria. El Gobierno Vasco trasladará hoy mismo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, su oposición “frontal” a la directiva de retorno de la UE, que regula los procedimientos de repatriación de inmigrantes irregulares, por considerar que “vulnera” los derechos de este colectivo. La posición del tripartito en torno a esta norma se encuentra recogida en un dictamen dado a conocer ayer por el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo.

El texto será presentado hoy por el director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro, en la conferencia sectorial de Inmigración, que se reúne en Madrid y que estará presidida por Corbacho.

Madrazo denunció que la directiva “vulnera los derechos de los inmigrantes y es contraria al ordenamiento jurídico” estatal e internacional. El texto, precisó, es contrario a la Carta Europea de Derechos Humanos y al artículo 39 de la Constitución española, que garantiza la protección de los menores, de acuerdo a “los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

En este sentido, advirtió de que la norma “abre la vía para la repatriación de menores sin garantías” y a lugares donde sus derechos “pueden ser vulnerados”.

En su opinión, la norma, que permite a los estados miembros de la UE retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, incluidos los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses, “niega derechos básicos, como la asistencia médica y letrada”.

Por todo ello, consideró que el presidente del ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, “no puede ser cómplice de estas actuaciones propias de la extrema derecha”, motivo por el que reclamó al Ejecutivo central que avance hacia una política “alternativa” a las posiciones “reaccionarias y regresivas de Berlusconi y Sarkozy”.

Dinero para pensiones Por otra parte, El viceconsejero de Inserción del Gobierno Vasco, Manuel Vigo, replicó ayer al PSE que hay seis millones para reforzar los servicios sociales de base para atender a las más de veinte mil personas que se espera van a pedir en el País vasco los complementos de las pensiones más bajas.