LOS Veintisiete se han dotado de una política común para la inmigración al aprobar de forma unánime la propuesta de pacto formulada por Francia, país que preside por turno la Unión Europea. El acuerdo se someterá a la firma de todos los países el próximo mes de octubre.

Tras haber negociado con España y Alemania, los países más reacios por razones contrapuestas, el ministro para la Inmigración francés presentó en Cannes un documento que, en síntesis, propone a los países de la Unión la construcción de una política común que privilegia la inmigración laboral, regula la reagrupación familiar y arbitra los medios para luchar contra la inmigración ilegal, reforzando los controles de fronteras y facilitando la repatriación.

Europa precisa dotarse de unos mecanismos comunes para dar respuesta al fenómeno de la inmigración y evitar que llegue a convertirse en un problema irresoluble. Para ello, los Veintisiete consideran que lo primero es poner de inmediato coto a las bolsas de inmigrantes sin papeles (se calcula que hay entre seis y ocho millones de personas indocumentadas en la UE). Y al mismo tiempo, establecer unas reglas que permitan una integración armónica de la inmigración, basada tanto en el respeto a sus derechos como en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que todos los países estén en disposición de garantizar el acceso del inmigrante a la educación, a la sanidad, al trabajo, a la seguridad y a los servicios sociales, y que estos aprendan la lengua del país y respeten las leyes.

El documento aprobado a propuesta de Francia va en la dirección de lograr una inmigración selectiva, según la ha bautizado repetidamente el presidente Sarkozy.

Este modelo de inmigración a la carta o concertada consiste en aceptar inmigrantes según las necesidades laborales, las condiciones de recepción y la preparación de los optantes. Una propuesta que ha requerido de una larga y dura negociación, especialmente con España, para matizar las condiciones, de la que se ha excluido el llamado contrato para inmigrantes y se ha eliminado la prohibición expresa de las regularizaciones masivas. Asimismo, el documento descarta las regularizaciones generales e incondicionales, pero acepta hacerlo caso por caso por motivos económicos o humanitarios. El documento condiciona también la reagrupación familiar a que el inmigrante destinatario garantice que puede hacerse cargo de la familia. Finalmente, el texto aprobado prevé la expulsión de los que entren de forma clandestina. Otra condición impuesta por España es que la responsabilidad de aprender la lengua corra a cargo de los gobiernos de los países y no de los inmigrantes.

Se trata por tanto de proponer una Europa abierta, pero con reglas de obligado cumplimiento. Y de que frente a quienes pretendían una fortaleza europea,la Unión camine hacia una directiva que propicie la inmigración legal y ordenada, que impulse la integración, con la mención expresa a la igualdad de derechos y deberes con los nacionales, y de que en cooperación con los países de origen y de tránsito, luche contra las mafias que organizan y se benefician de la inmigración ilegal. Por tanto, ni una Europa encastillada ni un coladero. El continente precisa ordenar un fenómeno para que no se convierta en un grave problema para los europeos. La inmigración no lo será si se controlan los flujos y se garantizan los derechos y los deberes.