JAUME V. AROCA – Madrid
El portavoz del grupo socialista ha convocado para esta mañana a un grupo de diputados que deberán empezar a trabajar en el cumplimiento de una de las resoluciones adoptadas en el congreso socialista: el voto de los inmigrantes . Esta mañana se reúnen en el Congreso Jesús Quijano, miembro de la comisión Constitucional, Antonio Hernando, de Interior y Concha Gutiérrez, de Inmigración, junto con el portavoz José Antonio Alonso.

La rapidez con la que el PSOE se pone a trabajar a las puertas de las vacaciones en este asunto – cuando faltan tres años para las municipales- tiene su explicación en una iniciativa simultánea del PP, que urge la convocatoria de una diputación permanente – que se puede celebrarse la próxima semana- para modificar el sistema de voto de los emigrantes españoles. Esta propuesta fue anunciada por Rajoy tras concluir el congreso donde los socialistas acordaron promover el votos de los inmigrantes con larga residencia en España.

De hecho, el Congreso aprobó en el 2006 una moción en la que ya abría la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales con los países de origen de los inmigrantes para posibilitar su voto en las elecciones municipales, siempre y cuando el acuerdo fuera recíproco y los emigrantes españoles pudieran hacer lo propio en el otro país. Esta es la única vía contemplada en la Constitución.

El derecho de voto de los inmigrantes es una de las propuestas surgidas del último congreso del PSOE, que han recibido el apoyo de la Iglesia. El responsable de la pastoral de Migraciones y obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, defendió ayer el reconocimiento del derecho de voto: “es lo que hemos pedido siempre la Iglesia”. Por el contrario, se mostró muy crítico con otras iniciativas surgidas del cónclave: “Me gustaría que los gobernantes se dedicasen a administrar el bien público en vez de a determinar sobre el bien y el mal”.

Precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero se refirió en Antena 3 a la reforma de la ley del aborto, con el objetivo de subrayar que el cambio lo impulsará el Gobierno pero su resultado final dependerá del debate entre expertos y de trabar un consenso sólido en el Parlamento.