L as críticas que desde numerosas instancias se han hecho contra la Directiva europea sobre la expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular, calificándola como Directiva de la Vergüenza, parece que han hecho mella en las filas del Partido Socialista. Han obligado a sus dirigentes, a Rubalcaba, a Rodríguez Zapatero y a algún eurodiputado a salir a la palestra a defender su cuestionada actuación.
Después de leerles y oírles, sigo pensando que las críticas vertidas desde el movimiento asociativo eran justas, y que, a diferencia de lo que dice Zapatero, no es verdad que esa Directiva favorezca una política de inmigración razonable y equilibrada, ni que sea progresista. Muy al contrario, contribuye a la creación de un clima contrario a las personas inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, personas que no han cometido ningún delito, y a las que como único horizonte se les plantea el de su expulsión, dejando en muchos casos sin efecto o creando dificultades añadidas a la posibilidad de regularizar sus situaciones por la vía del arraigo social. Esa Directiva hace aumentar el miedo de la gente y contribuye a la clandestinización de sus vidas, a la vez que favorece los excesos represivos de la policía. Esa Directiva tiende a equiparar la irregularidad administrativa con la comisión de un delito, y refuerza el reduccionismo sistemático que vienen practicando todos los Gobiernos europeos, incluido el español, (el artículo del eurodiputado socialista Javier Moreno, publicado en El País, es un buen ejemplo de ese afán reduccionista y conscientemente manipulador) al considerar la inmigración irregular como un producto directo y exclusivo de actuaciones mafiosas.
La Directiva crea un marco normativo global orientado hacia la represión, que atenta contra principios elementales de los estados de derecho, independientemente de que a algunos estados de la Unión les obligue a limitar el tiempo de retención en los centros de internamiento de inmigrantes y a ofrecer a los internos asistencia jurídica. Muestra que en Europa había y hay mucho político bestia, dispuesto a no respetar derechos elementales de cualquier persona por el hecho de serlo, los derechos de una fracción de la población realmente existente.
Rodríguez Zapatero, en una larga entrevista, coloca la Directiva en el terreno de la lucha entre quienes en Europa quieren una política de inmigración comunitarizada y quienes reclaman la primacía de los Estados en esa materia. La Directiva, que él califica de progresista, supondría la victoria de quienes reclaman una política de inmigración más común.
Yo creo que una vez más volvemos al reduccionismo y a la manipulación. Evidentemente que hay tensiones en el terreno que señala Zapatero, pero esta Directiva tiene mucho más de culminación de un proceso represivo, de criminalización de la irregularidad administrativa, que viene de muy antiguo y tiene bastantes más aristas. De hecho, resulta curioso comprobar que los escasos avances en la comunitarización de las políticas de inmigración (que, por cierto, hace años que debería estar culminada en sus aspectos fundamentales según los acuerdos que al respecto se adoptaron en Tampere y en La Haya) se han dado y se dan, principalmente, en el terreno represivo, y que los estados de la Unión, a pesar de las dificultades, se ponen mucho más fácil de acuerdo cuando de reprimir se trata que cuando tienen que reconocer derechos. ¿O nos tenemos que olvidar de las políticas de trabajadores invitados, o de la de inmigración cero que se practicó desde mediados de los años setenta del siglo pasado hasta la Cumbre de Tampere? ¿O de las medidas contra la inmigración en situación administrativa irregular que se vienen adoptando desde el año 2002 hasta la actualidad? ¿En qué ha quedado, por poner un ejemplo concreto, la Directiva sobre igualdad de trato, transpuesta en la legislación española en una ley de acompañamiento de la que nadie se acuerda? ¿Por qué no se aplica en toda su extensión, levantando de una vez las trabas administrativas actualmente existentes, la Directiva que reconoce los derechos de la parejas de hecho? ¿Por qué no se transpone como es debido, en lugar de publicar unas meras instrucciones, la Directiva sobre residentes de larga duración? ¿Por qué se le amonesta a España por incumplir el Derecho Comunitario en la Transposición de la Directiva 2004/38/CE que regula los derechos de las personas comunitarias y sus familiares?
Una comunitarización tan irrespetuosa con los derechos de las personas es una mala comunitarización, una comunitarización que responde a las ideas de las fuerzas políticas de derecha que hoy son dominantes en la Unión Europea.
Ese tipo de armonización es retrógrada, y se enmarca en un ciclo restrictivo que viene de antiguo, que acompaña a las restricciones en materia de asilo y refugio y a la política de externalización de las fronteras de la Unión, con su corolario de impedir salir, impedir entrar y, si entran, expulsarlos lo más rápidamente posible.