El PP quiere que el Gobierno levante «de forma inmediata» las restricciones laborales que, hasta el 1 de enero de 2009, penden sobre los rumanos y los búlgaros.

En una proposición no de ley presentada en el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular considera «innecesaria» e «inútil» la moratoria de dos años a la entrada en España de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, que comenzó a contar el 1 de enero de 2007, cuando ingresaron en la UE. Esta medida, aprobada por el Ejecutivo, les impide ser contratados con los mismos derechos que otros ciudadanos comunitarios.

«Deben cumplir prácticamente los mismos requisitos que los inmigrantes de países ajenos a la UE. Son tratados como extracomunitarios. Esto lleva a que muchos trabajen en la clandestinidad o como autónomos, pero, por lo general, en condiciones de precariedad», dice el texto, que se debatirá en la Comisión de Trabajo e Inmigración.

En teoría, la moratoria permite trabajar a los ciudadanos rumanos y a los búlgaros, siempre y cuando la persona que quiera contratarles solicite una autorización por escrito al Ministerio de Trabajo. En la práctica, los empresarios prefieren contar con ciudadanos de otras nacionalidades a los que no se les exige tanto papeleo.

El PP considera, por un lado, que esta medida «afecta negativamente» a los derechos de estos ciudadanos y, por otro, que no ha conseguido el objetivo previsto, que era evitar la afluencia masiva de rumanos y búlgaros en busca de trabajo.

Así, recuerdan que el año pasado los rumanos empadronados en España aumentaron en 201.948 personas, situándose en 728.967, según el avance del Padrón, lo que les ha convertido en el colectivo de extranjeros más numeroso, por primera vez por delante de los marroquíes. Mientras, los búlgaros (153.664) se incrementaron en 31.607 ciudadanos.

«Ciudadanos de segunda»

«La moratoria se enmarca dentro de la política de cinismo del Gobierno», dice Rafael Hernando, portavoz de Inmigración del PP. «Ven a Rumanía y Bulgaria como países de primera categoría, pero a sus ciudadanos los tratan como si fueran de segunda. Es absurdo mantener esta medida, no ha servido de nada».

El Gobierno tuvo en enero la posibilidad de revisar y levantar, de forma anticipada, la moratoria, pero prefirió no hacerlo, dada la difícil situación laboral que se avecinaba. Las autoridades rumanas y búlgaras se lo han pedido en varias ocasiones.

«Creemos que es contradictoria con el principio europeo de libre circulación; luchamos para que se abra totalmente el mercado laboral en la UE», señaló a EL MUNDO el secretario de Estado de Empleo de Rumanía, Akos Derzsi, durante una reciente visita a Madrid.

Por otro lado, el PP ha presentado, también en el Congreso, una batería de preguntas parlamentarias relacionadas con las reagrupaciones familiares, que el Gobierno quiere limitar al núcleo familiar más básico (cónyuge e hijos menores de edad).