A partir de ahora ser europeísta requerirá matizaciones. Cuando el concepto Europa todavía está lejos de los sentimientos individuales de los ciudadanos, – la alta abstención en las elecciones europeas es una buena prueba – dos iniciativas, una aprobada: la directiva sobre inmigración y otra en stand by: la semana de las 65 horas, suponen un descalabro para el acercamiento a la Europa del bienestar social.

El aplastante avance de la derecha en Europa y su discurso contra «las avalanchas» de inmigrantes ha contagiado a todos, incluidas las izquierdas cada día más débiles. El miedo empequeñece, aísla y produce uniformidad, incluso en países como España, cuyo gobierno socialista se mueve entre la promulgación de leyes de avanzado contenido social como las de la dependencia, igualdad o matrimonios entre personas del mismo sexo, para colarnos propuestas como la repatriación de inmigrantes, previo cobro del paro, a cambio de renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo o frenar el reagrupamiento familiar de los trabajadores extracomunitarios.

Mi admirado Antón Costas, economista, escribió en El País a finales de abril: «Algo comienza a moverse en el discurso progresista y en la práctica política de Rodríguez Zapatero sobre la inmigración estamos en el inicio de un cambio de rumbo en el discurso progresista, al menos en el discurso de los socialistas. Un cambio que está girando desde un enfoque centrado en los aparentes beneficios netos económicos de la fuerte inmigración, legal e ilegal, a otro en el que cada vez tendrán más importancia las consideraciones relacionadas con los efectos sobre el bienestar de los residentes, sean autóctonos o antiguos inmigrantes, y el funcionamiento de la política interna».

Hoy el gobierno español parece incapaz de responder a ese miedo ancestral que en épocas de crisis económica, como la actual, renace contra la inmigración. Hoy ha olvidado aquel informe que en 2006 elaboró la Oficina Económica de La Moncloa según el cual los inmigrantes suponen un 8,8% de la población española y absorben sólo el 5,4% del gasto público, produciendo unos beneficios netos de 5.000 millones de euros.

La directiva europea de retorno que expulsa a menores a un país distinto del de origen, que autoriza la detención hasta 18 meses y la prohibición para los expulsados de entrar en la UE en cinco años fue aprobada por la mayoría conservadora y una parte de los socialistas europeos, entre ellos casi todos los españoles menos Josep Borrell y Raimon Obiols, que tuvieron el valor de rechazar la vergonzosa directiva. Martí Grau se abstuvo. ¿Se atreverá el PSOE a castigar a dos eurodiputados que pusieron sus convicciones éticas por encima de los intereses de partido?

¿Ha olvidado el Parlamento Europeo que en 2006 aprobó una resolución que pedía al gobierno de Malta que redujera el plazo de 18 meses de detención de inmigrantes por considerarlo injusto?

No quiero esta Europa. Conmigo no cuenten.