Migrantes guatemaltecos, propietarios de inmuebles en el país, son sorprendidos por redes de estafadores que aprovechan su lejanía, para falsificar documentos a fin de adueñarse de sus residencias; tal situación tiene ahora a muchos connacionales en un limbo jurídico, y desesperados por temor a perder su patrimonio.

Asociaciones de migrantes en Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) han recibido denuncias al respecto; sin embargo, muchos no se atreven a dar la cara, por temor a ser deportados, ya que no tienen papeles para trabajar en ese país norteamericano.

El consulado en Los Ángeles afirmó que ha recibido numerosas denuncias verbales, pero cuando se les pide a los connacionales que las presenten por escrito, éstos se retiran y deciden no dar seguimiento al caso.

Algunos han ido más allá, y por medio de amigos y familiares han denunciado la estafa en el MP, institución que investiga ocho casos aislados de guatemaltecos que permanecen en la lucha legal por recuperar sus tierras usurpadas.

“La escasez de reclamos es producto de que los indocumentados no pueden ir y venir; es un gran riesgo para ellos”, informó Ana María Méndez, de la Defensoría del Migrante, de la PDH.

En el Registro de la Propiedad, los reclamos de estafa catastral suman 245 desde el 2004, de los cuales dos pertenecen a migrantes.

Luis Arturo Vélez, residente en Los Ángeles desde 1996, contó que ha sido víctima de robo de dos propiedades. La primera se trata de una finca de tres caballerías, en San Andrés, Petén, valuada en Q9 millones, la cual se convertiría en casa de retiros espirituales, y la segunda, una vivienda ubicada en El Zapote, zona 2 de la capital.

Vélez explicó que, cuando quiso hacer el traspaso para construir la casa de retiros, se dio cuenta de que las escrituras estaban a nombre de otras personas.

El agraviado informó que Luz Marina Álvarez, de Petén, inventó que en 1998 había comprado la finca, y la revendió por Q42 mil a la inmobiliaria Grupo Río, S. A. “Es un fraude, porque usó documentos falsos. Además, el protocolo utilizado pertenece al notario Irwin Estuardo Aguilar, quien ya está muerto. La firma no es mía, porque en 1998 yo estaba en EE. UU.”, se quejó Vélez, quien ya interpuso una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia y una denuncia en el MP.

El número del amparo es el 21 – 2008, y está en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil. “Me he gastado unos US$30 mil en estos casos; no es justo que sucedan estas cosas. Nosotros aportamos con numerosas divisas, y no puede ser que nadie nos proteja; ya no tenemos garantías”, expresó el afectado.

Manuel Paredes, de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Inmueble, del MP, explicó que el caso está en proceso de investigación, pero que aún se espera el resultado del peritaje geográfico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para comprobar que la firma sea falsa; es un proceso que lleva por lo menos dos meses.

Paredes aseguró que se ha citado a las personas implicadas, Grupo Río y Luz Marina Álvarez, y ninguna ha comparecido. “Si no esconden nada, lo lógico es que vengan voluntariamente”, agregó el fiscal.

Cuando el caso de un inmueble se encuentra en el MP o en el Organismo Judicial, el Registro General de la Propiedad suspende la venta.

Otro ejemplo es el de José Ortega, también con residencia en Los Ángeles. La familia adquirió un terreno en Aguas Calientes, El Progreso, en 1985, y luego se marchó a EE. UU.

La esposa de Ortega, Nora, debió viajar a Guatemala el año recién pasado porque le informaron que otra persona tenía los documentos de su terreno. Se trata de la familia Chamalé. Ella ha gastado US$8 mil desde enero del 2008 hasta esta fecha, para defender su parcela.

Roberto Orozco Monzón, abogado de los Ortega, recomendó a la familia levantar un muro y cercar el terreno, con la señalización “no está en venta”, pero se toparon con la sorpresa de las amenazas.

“Casi linchan a mis albañiles, quienes se quejaron, y por ello pusimos una demanda en el MP. Cuando las personas vieron que acudimos a las autoridades, dejaron de molestar; pero han hecho esto en otras aldeas cercanas, y se han apropiado de fincas mediante falsificación de documentos”, aseguró De Ortega.

Orozco interpuso una acción legal para sacar a los usurpadores del terreno.

“Estamos muy preocupados, porque muchos de los inmigrantes prefieren no denunciar o darse por vencidos, ya que no encuentran apoyo para recuperar sus bienes.

“En la Embajada nos indicaron que ellos solo hacían trámites para partidas de nacimiento y asuntos migratorios”, denunció Ortega.

Entre tanto, Sergio Romano Monzón, registrador general de la Propiedad, explicó que debido al número elevado de estafas catastrales, crearon la Dirección de Seguridad Registral y Apoyo al Sistema Jurídico Legal, donde se firmó un convenio con el MP, el Organismo Judicial y la Procuraduría General de la Nación. “En 15 días abriremos una ventanilla, para recibir reclamos y darles el seguimiento necesario”, prometió Romano, y añadió que los migrantes pueden contar con el apoyo del Registro a través del sitio www.rgp.org.gt

Prensa Libre intentó obtener la versión del Grupo Río S. A., quien compró la propiedad de Vélez, pero fue imposible localizar a algún representante. Los números telefónicos de esa inmobiliaria no aparecen en la guía telefónica ni en Internet, y no pertenece a la Cámara de la Construcción, informó Álvaro Zepeda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción.