Francia está decidida a dejar su impronta en la política de inmigración europea y hoy presentará al resto de países una propuesta de pacto que recoge la esencia de la política iniciada por Nicolas Sarkozy como ministro del Interior y continuada a su llegada al Elíseo. La opulenta ciudad de Cannes es el escenario elegido por la presidencia francesa de la UE para que los ministros estudien el documento redactado por París, matizado – en el tono, más que en el fondo- por Madrid y supervisado por Berlín, siempre reticente a dar una dimensión comunitaria a esta política.

Es el paso que España espera de Europa desde hace años. Pero, irónicamente, más que todas sus quejas sobre las dificultades para gestionar sola la frontera sur de Europa, donde se concentra la mayor diferencia de renta del mundo, lo que más ha empujado a la UE a implicarse en la gestión del fenómeno migratorio ha sido la regularización de inmigrantes emprendida en el 2005, criticada abiertamente por varios gobiernos europeos. La principal razón esgrimida en la propuesta del pacto europeo es precisamente que existe un espacio único de circulación de personas (Schengen) y que las decisiones de un Estado miembro – léase la regularización de extranjeros en situación irregular- tienen efectos en el resto de la UE.

Obreros cualificados a la carta. La propuesta anima a los gobiernos a poner en marcha “una política de inmigración selecta” (a la carta, la misma que Sarkozy defiende a capa y espada en Francia) según las necesidades de su mercado laboral, para atraer a los más preparados. Aunque parezca contradictorio, “no debe fomentarse la fuga de cerebros” en los países de origen. El acuerdo sobre un pacto global facilitará la aprobación de propuestas que ya están sobre la mesa, como la creación de una tarjeta azul, al estilo de la green card de EE. UU., para los trabajadores de elite. Sin embargo, ante la oposición de Madrid, París ha renunciado a exportar a la UEel “contrato de integración” que exige a los extranjeros en su país. No obstante, el pacto incide en los derechos y deberes de los inmigrantes , entre los últimos “el aprendizaje de la lengua y el respeto de las leyes del país de acogida”.

Mano dura con los raíz de la revuelta de Latinoamérica contra la polémica directiva de retorno de la UE, una de las mayores preocupaciones de la diplomacia europea es mejorar la presentación pública de este pilar de la nueva política comunitaria, que incide en que los inmigrantes ilegales deben ser expulsados. En este capítulo, la intervención de España ha sido “en esencia, semántica”, según fuentes comunitarias, para suavizar las críticas a las regularizaciones de inmigrantes . El último borrador habla de hacerlas “caso por caso” y según las necesidades económicas del país. España está satisfecha tanto por esa definición como por el enfoque político del documento.

Control de fronteras. La propuesta recuerda que los estados miembros son responsables del control de sus tramos fronterizos, pero apuesta por reforzar los medios de la agencia Frontex, que apoya los operativos para frenar la llegada de ilegales.Alemania ha puesto pegas a los tibios enunciados de este capítulo.