DV. El alcalde, José Antonio Santano, estuvo esta semana en la Subdirección General de Patrimonio del Estado, en Madrid, para negociar la adquisición del llamado edificio de Inmigración, en el barrio de San Miguel, y en el que actualmente el Gobierno central presta otros servicios con las oficinas del Inem y de la Seguridad Social.

El acuerdo alcanzado sirve para que el inmueble revierta en la ciudad con unos fines muy concretos y contempla, como método de pago, que el Ayuntamiento garantice el espacio adecuado para que tanto Inem como Seguridad Social puedan seguir prestando allí sus servicios a los ciudadanos.

En cuanto al resto del edificio, «se remodelará por completo», anunciaba Santano, «para convertirse en un centro cívico con biblioteca, espacios de uso público y otros servicios. Un equipamiento que abrirá la puerta a la reurbanización de todo el entorno». En esta se contempla la renovación del Mercado Uranzu, «para la que la semana próxima tendremos una reunión con los asentadores para seguir avanzando», y se incluye un proyecto de aparcamiento subterráneo. Con él «podremos quitar los coches de la calles, porque además de para uso de los residentes, reservará un espacio para el aparcamiento en rotación», anunciaba el alcalde.

Edificio con valor

Santano aseguró que aunque se renovará por completo, por dentro y por fuera, el edificio de inmigración «no se va a derribar, porque tiene el valor de ser obra del arquitecto Javier de la Sota, que marcó una línea en su época y tiene prestigio en su oficio».

Sí se eliminará el edificio anexo de la parte trasera, el que la calle Esteban Indart separa del lateral del Mercado Uranzu. «Se trata», comentó el primer edil, «de una construcción posterior a la original y que no forma parte del conjunto. Fue un añadido para la instalación de las cocinas para el servicio de Inmigración».