Obsesionado por evitar una crisis diplomática con los países de Latinoamérica, el Gobierno español insiste en afirmar que no va a aplicar la restrictiva directiva de retorno aprobada por la Unión Europea. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, volvió a asegurar que esa normativa, que permite retener hasta 18 meses a los inmigrantes sin papeles, “para nada va a afectar a los inmigrantes que es –
tán en España”. La vicepresidenta abogó por “no crear una falsa alarma” e insistió en que, hoy por hoy, “España cuenta con un sistema muy garantista”.

Sin embargo, la vicepresidenta tuvo que admitir que la crisis económica sí va a afectar a los extranjeros. “Es evidente que no vamos a poder emplear a las mismas personas que cuando se creaban más de dos millones de empleos, y eso significa que vamos a contratar a menos inmigrantes”, explicó. “Ya hay sectores mandan a la gente al paro, y entre ellos inmigrantes en situación de regularidad”, añadió la vicepresidente, quien apoyó el plan para que los foráneos que opten por regresar puedan capitalizar todo el paro.