L a cumbre de jefes de Estado de Mercosur, celebrada ayer en la ciudad argentina de Tucumán, se convirtió en un foro crítico con la reciente directiva de la Unión Europea sobre el retorno de los inmigrantes ilegales al expresar su unánime «rechazo» a la misma. La contrariedad por «no reconocer el principio de reciprocidad histórica», señalando que ciudadanos de países que acogieron antaño a personas de origen europeo pueden verse repelidos o sometidos a repatriación forzosa por los actuales miembros de la Unión Europea, supuso un reproche moral de los participantes en el encuentro de Tucumán, ineludible especialmente para los españoles. Junto a ello, cabe destacar la inquietud mostrada por los mandatarios latinoamericanos por las restricciones en cuanto al reagrupamiento familiar y el potencial xenófobo que puede albergar toda medida restrictiva de los flujos migratorios.
La claridad del pronunciamiento no se hizo eco de acciones como las sugeridas por el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien se mostró dispuesto a aplicar en su país una ley que obligara al retorno de las inversiones europeas en el mismo. Pero la crítica latinoamericana quiso dar de lleno en el corazón europeo al concluir que la falta de apertura de nuestros mercados a los productos de los países emergentes es causa de las migraciones. La Unión Europea tiene argumentos para replicar o matizar punto por punto el rechazo de la Cumbre de Tucumán, empezando por cuestionar el supuesto de los deberes que la Historia adjudicaría a los europeos, o por discutir sobre el origen y las condiciones que propician la desigualdad social y el éxodo económico. Pero es indudable que la declaración de Mercosur obliga a la UE y especialmente a España a explorar de inmediato un escenario de diálogo con estos países que contribuya a paliar los perjuicios que pudiera conllevar la aplicación de la directiva y, en su caso, revisar su contenido y desarrollo particular.