JANOT GUIL

BARCELONA. Abrazada a su amiga Montse, instantes antes de que comenzaran a derribar su casa justo después de tener que abandonarla, junto a sus nueve hijos y su padre, por orden judicial, Agustina de los Ángeles lloraba desconsolada. Reclamaba justicia delante de los periodistas. «Esto no es legal, ni normal. Con tanta vivienda que hay… Yo no puedo permitirme vivir en un piso», sollozaba esta madre coraje que sustenta su prole vendiendo chatarra. «¡Ninguna vecina fuera del barrio!», coreaban unos jóvenes vecinos que le apoyan en este trance.

A sus 38 años, con nueve hijos – siete de ellos menores y con edades de entre 20 y 10 años – y su padre, de frágil salud, a cuestas, Agustina, de etnia gitana y origen portugués, tuvo que desalojar ayer la casa del número 28 de la calle Sant Francesc del barrio del Poblenou de Barcelona que ocupaba desde hacía diez años. Ocupaba, porque, en sentido estricto, la habitaba de manera ilegal: ni pagaba alquiler, ni era suya, pero residía porque los propietarios la dejaban. Hasta que llegó un plan urbanístico consensuado por tres promotoras, dueñas actuales de la casa, y el Ayuntamiento.

La casa de Agustina, como ya ocurrió con las que la flanqueaban y otras de la zona, debía ser derribada. Allí se construirá un edificio de viviendas privadas y otro, a cargo del ayuntamiento, donde se alojarán los otros vecinos – inquilinos legales o propietarios de sus viviendas – que se han quedado sin casa por culpa del citado plan. El problema para Agustina y familia es que ella no es ni dueña ni inquilina, así que, con la ley en la mano, esgrime el Ayuntamiento, le pueden derribar su casa y su vida. El consistorio, a costa de las promotoras, le ofrece 6.000 euros, ayuda para buscar un piso de alquiler y costearle tres noches, ampliables a un máximo de treinta, en una pensión. «Y luego, ¿qué hago?», replica.

Ayer por la mañana, varios agentes de la guardia urbana se personaron en su vivienda para desalojarla. Les dejaron sacar los muebles y enseres y enseguida actuaron los operarios de la empresa de derribos. Por la tarde, la casa de Agustina era un solar. «No es justo lo que han hecho. Ella siempre ha ayudado a la gente del barrio y es muy buena persona…», se quejaba su amiga Montse.

«Desalojo ilegal» «Mi abogado me ha dicho que este desalojo es ilegal, porque lo ha reclamado el Ayuntamiento pese ser una propiedad privada», denunciaba Agustina. Por contra, fuentes del Ayuntamiento, cuyos Servicios Sociales conocían el «caso Agustina», señalaron a ABC que el desalojo, más allá de calificativos morales, es de una legalidad intachable. Así, argumentaron que el plan urbanístico que ha desalojado a Agustina y su familia se ha llevado a cabo mediante un proceso de «reparcelación por cooperación» entre las tres promotoras y el Ayuntamiento, «que exige que sea la administración quien ejecute los desalojos».

«No me avisaron de que vendrían hoy», era otra de los reproches de Agustina. A lo que las fuentes consistoriales contestaban que sabe desde hace año y medio que debe irse, y que esta misma semana le advirtieron de la inminencia del desalojo a la espera de obtener la orden judicial. Es cierto que no le dijeron día y hora, sostiene el Ayuntamiento, aunque se escuda en que las órdenes judiciales de desalojo permiten ejecutarlas en un plazo de tiempo.

Y a todo esto, mientras la razón buscaba dueño, Agustina, su padre y sus hijos perdían ayer casi todo lo que tenían.