LAURA DANIELE

MADRID. El Gobierno está convencido de que España necesita una ley que reconozca el pluralismo religioso y trate a todas las confesiones por igual, independientemente de que su número de fieles sea minoritario o no. Así lo recordó ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, durante la presentación de la memoria anual de la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2004 por el Gobierno socialista para colaborar con las confesiones minoritarias. «La realidad ha superado con creces el marco de la actual Ley de Libertad Religiosa», apuntó Bermejo, al tiempo que resaltó que «uno de los ámbitos donde más falta hace esta reforma es en las relaciones» con musulmanes, judíos y evangélicos.

La futura ley – apuntó – se deberá regir por el principio de igualdad para que «ningún ciudadano se sienta discriminado por pertenecer a un credo u otro». «El camino debe ser el de la equiparación», insistió el ministro, quien añadió que la nueva normativa debe poner fin a las discriminaciones que sufren actualmente las confesiones minoritarias, como «el largo camino que deben recorrer para establecer sus lugares de culto o para enterrar a sus familiares». «Es bueno que exista un marco legal claro que genere un marco de convivencia estable», aseguró.

Conocer la realidad

Con este objetivo, Bermejo también anunció la creación de un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso en el marco global de un Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones, que sirva «para mejorar el conocimiento de nuestra realidad en cada momento y poder tomar decisiones». También aseguró que desde la fundación se fomentará «la formación de personal religioso y agentes sociales para que «la sociedad tome conciencia del hecho del pluralismo religioso y para que las confesiones minoritarias dejen de ser miradas como algo raro». Otra de las novedades que se conocieron ayer en la sede de esta fundación es que la Dirección General de Asuntos Religiosos pasará a llamarse en breve Dirección General de Relaciones con las Confesiones, un término más descriptivo y con el que se pretende remarcar la neutralidad del Estado ante la dimensión religiosa.

La Fundación Pluralismo y Convivencia destinó en 2007 un total de 3,8 millones de euros a la financiación de proyectos y programas de las distintas confesiones minoritarias con acuerdo de cooperación con el Estado. De ese total, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (Ferede) recibió 1,6 millones de euros; las dos federaciones integrantes de la Comisión Islámica de España (CIE), otros 1,6 millones, y la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), 577.000 euros.