El secretario de Inmigración catalán discrepa de Corbacho al negar que la reagrupación familiar sea «permisiva» y advierte del efecto de su restricción Un día después de la presentación de un folleto para la promoción del acceso laboral de los inmigrantes recién llegados por parte de los empresarios, el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, incidió ayer de nuevo en la necesidad de que el permiso de residencia venga acompañado de un contrato laboral para favorecer la reagrupación familiar. Según Amorós, el proceso de reunir a toda una misma familia en su nuevo país de acogida mejora la estabilidad personal y la convivencia. De hecho, supondría un elemento «claramente ventajoso» y una vía para conseguir familias «fuertes, con más de un ingreso, que ante la crisis sean menos vulnerables».

Durante el pasado año, Cataluña registró un total de 80.000 autorizaciones de residencia, si bien sólo 3.500 tenían autorización de trabajo. En su definición de los objetivos del Govern de cara al futuro, Amorós señaló que insistirán en su solicitud de que las personas reagrupadas opten también al permiso de trabajo, tal y como consta en el documento de bases del Pacto Nacional para la Inmigración de Cataluña.

«No es lo mismo que vivan hombres solos y añorados, que vivan en familia», declaró el secretario, consciente de que el reagrupamiento permite una integración social más rápida de las familias inmigrantes, que suelen sentir una implicación más fuerte en la sociedad a la que llegan a compartir las mismas necesidades que el resto de los ciudadanos. De estas afirmaciones se desprende que Amorós discrepa de la opinión expresada hace unos días – y también refrendada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero – del nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien aseveraba que «el gasto social no soportará que los inmigrantes traigan a toda su familia».

Las intenciones del Ejecutivo central de restringir la reagrupación al núcleo familiar, esto es, a los cónyuges y a sus respectivos hijos, no están en sintonía con lo expresado ayer por el secretario de Inmigración para Cataluña, que considera que este proceso no debe ceñirse a la prohibición absoluta, sino evaluar uno por uno cada caso. En la actualidad, la legislación permite reagrupar a los ascendientes dependientes económicamente del reagrupador, pero Amorós expresó durante su comparecencia en la comisión de Bienestar e Inmigración su deseo de permitir incluso el reagrupamiento de aquellas personas que no van a suponer ningún coste para la sociedad. Ante las interpelaciones de buena parte de los grupos con representación parlamentaria, Amorós se opuso con contundencia a la voluntad del Gobierno de restringir las entradas de inmigrantes vinculadas al reagrupamiento familiar: «Restringir y retrasar la reagrupación puede «incrementar costes de otro tipo». El secretario alertó asimismo sobre los efectos negativos que puede conllevar cualquier prohibición porque «si la gente se siente rechazada, eso dificulta mucho el proceso de integración».