El puente de plata que el Gobierno estatal quiere ofrecer a los inmigrantes que residen legalmente en territorio español se sustenta en incentivos económicos: quienes se hayan quedado sin trabajo a consecuencia de la crisis y decidan volver recibirán todo el paro acumulado en dos etapas, el 40% antes de irse y el 60% una vez que hayan regresado a su país. A cambio, tendrán que renunciar a sus permisos de trabajo y de residencia, además de comprometerse a no volver a España en un plazo mínimo de tres años.

En el conjunto del Estado son unos 100.000 trabajadores extranjeros los que podrán acogerse al retorno voluntario incentivado, de los que aproximadamente 5.000 residen en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Hay que tener en cuenta que sólo se contabilizan los inmigrantes originarios de los 19 países con los que España tiene acuerdo bilateral de seguridad social y que hayan trabajado el tiempo suficiente como para tener derecho al pago del subsidio por desempleo.

La estimación del Ministerio de Trabajo e Inmigración es que, en una primera fase, se acojan al retorno voluntario al menos el 20% de los posibles beneficiarios, lo que supone –de cumplirse el cálculo- que podrían dejar el Archipiélago unos 1.000 trabajadores extranjeros.